Dr John Postill
Estado del poder 2016
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Original English version: Postill, J. 2016. Freedom technologists and the future of global justice. In State of Power 2016. Amsterdam: Transnational Institute.
This is the thirty-fifth post in the Freedom technologists series
Resumen
Después de las revueltas de 2010 y 2011, como la Primavera Árabe, los Indignados españoles y el movimiento global Occupy, muchos comentaristas invocaron de inmediato las destrezas tecnológicas de los ‘nativos digitales’ o el supuesto ‘ciberutopismo’ de los defensores de la red libre como apoyo a las protestas. Pero, ¿qué papel han desempeñado los activistas por la libertad de Internet —o ‘tecnólogos de la libertad’— en las luchas por un cambio político progresista en todo el mundo y cómo puede combinarse el objetivo de la libertad con la lucha por la justicia social?
Durante los últimos cinco o seis años se ha registrado un estallido de iniciativas políticas en todo el planeta en las que actores muy activos tecnológicamente de variada tipología (que incluyen frikis informáticos, hackers, blogueros, periodistas de tecnología, abogados de los derechos digitales y políticos de los denominados partidos Pirata) han desempeñado un papel destacado. De las revelaciones a las protestas online, de las plazas ocupadas a los partidos anti-establishment, sus acciones políticas ya no pueden ignorarse, especialmente después de las revelaciones de Edward Snowden sobre el espionaje digital masivo de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y las agencias aliadas.1
En mis escritos utilizo el término “tecnólogos de la libertad” (freedom technologists) para referirme a aquellos actores políticos, tanto individuales como colectivos, que combinan el conocimiento tecnológico con la sagacidad política para reivindicar mayores libertades digitales y democráticas. De hecho, los tecnólogos de la libertad consideran que el destino de internet y la libertad humana están inextricablemente unidos. Lejos de ser los soñadores de una tecnoutopía o un ciberactivismo inútil que imaginan ciertos expertos de internet, mi investigación antropológica muestra que la mayoría son, de hecho, pragmáticos tecnológicos; esto es, adoptan una visión muy pragmática de los límites y posibilidades de las nuevas tecnologías para el cambio político.
Tras las populares rebeliones de la Primavera Árabe, los Indignados españoles o el movimiento global Occupy, muchos comentaristas invocaron de inmediato las destrezas tecnológicas de los ‘nativos digitales’ o el supuesto ‘ciberutopismo’ de los defensores de la red libre como apoyo a las protestas. Sin embargo, no se ha prestado suficiente atención a la contribución de los tecnólogos de la libertad a las luchas en marcha para el cambio político progresista en el mundo. Para abordar esta ausencia, en este ensayo reviso algunos de los éxitos políticos recientes y los reveses de los tecnólogos de la libertad de varios tipos (frikis informáticos, hackers, blogueros, periodistas de tecnología, abogados de los derechos digitales, políticos de los partidos Pirata, etc.) en tres países que experimentaron grandes protestas a partir de la crisis financiera global de 2008: Islandia, Túnez y España. Concluyo llamando la atención sobre un tema pendiente en la mayoría de los proyectos tecnológicos por la libertad, como es el objetivo de reconciliar la libertad con la justicia social, a excepción de España, que constituye un caso singular que merece un examen más profundo.
De WikiLeaks a las leyes de libertad de prensa
Un buen lugar para iniciar nuestra indagación sobre la contribución, si es que la ha habido, de los tecnólogos de la libertad al cambio político progresista es Islandia. Una mañana de octubre de 2008, los islandeses se despertaron con la demoledora realidad de que su aparentemente próspero país estaba en bancarrota. En otras palabras, Islandia ya no podía hacer frente a su deuda externa y su moneda, la corona, no valía nada.2 Pronto se supo que los bancos islandeses habían estado concediendo préstamos astronómicos a sus propios accionistas. Como resultado de este “fraude masivo”, más de 50.000 personas —o una de cada seis de una población total de 320.000 islandeses— habían perdido sus ahorros. También trascendió que una camarilla financiera de unas 30 personas controlaba la economía del país a través de las “puertas giratorias entre las finanzas, la política y los medios de comunicación”. No sorprende que estallara una profunda crisis de legitimidad después de muchas décadas de fe de la ciudadanía en un sistema político tradicionalmente aclamado entre los más avanzados y de mayor transparencia del mundo. Como bien dijo la activista de la libertad de información Heather Brooke, Islandia estaba “avocada a la reforma”.
Un punto de inflexión tuvo lugar el 1 de agosto de 2009. WikiLeaks, hasta entonces desconocido, había obtenido documentación que dejaba al descubierto los estrechos lazos de amiguismo existentes en el sistema financiero del país. Cuando los líderes de la banca se apercibieron de que esta información se había publicado en internet forzaron al poder judicial de Islandia a imponer una orden de silencio sin precedentes sobre los medios de comunicación. Sin dejarse amedrentar, el presentador de las noticias de la televisión estatal, Bogi Ágússton, sorteó la orden simplemente dirigiendo a los televidentes a la web de WikiLeaks.
Este incidente convirtió a WikiLeaks en un fenómeno instantáneo en Islandia. Poco después, sus portavoces, Julian Assange y Daniel Domscheit-Berg, fueron recibidos como héroes en el país. Invitados en el programa televisivo de entrevistas más popular, un alegre Assange propuso que Islandia se convirtiera en un paraíso de libertad informativa: “Es terrible desperdiciar una crisis. Islandia tiene una gran oportunidad para redefinir sus estándares y su legislación”, indicó Assange. El mensaje de WikiLeaks fue: Islandia necesita un cambio, y solo hace falta un puñado de activistas, especialmente cuando tienen habilidades tecnológicas e influencia política, para cambiar profundamente la sociedad.
Inspirados por este mensaje, un equipo de tecnólogos de la libertad islandeses y extranjeros —predominantemente hackers, frikis informáticos, abogados, periodistas y políticos— lanzaron la Iniciativa de Medios Modernos de Islandia (IMMI). El objetivo de la IMMI era fortalecer la libertad de información tanto en Islandia como globalmente, y en especial “los derechos de los periodistas, editores y blogueros”. El tecnopragmatismo del equipo quedó claro desde el principio. Por ello, uno de sus líderes, la autodefinida como nerd, poetisa y diputada Birgitta Jónsdóttir explicó cómo “nos embarcamos en una misión de exploración buscando las mejores leyes [de libertad de información], no solo leyes que quedaran bien sobre el papel, sino que de verdad funcionaran en la realidad”.3
Para su satisfacción, el 16 de junio de 2010 el Parlamento islandés aprobó de forma unánime la resolución de la IMMI. Sin embargo, el proceso de traducir la resolución en legislación está siendo largo y tortuoso. Mientras que algunas cláusulas son ya ley (por ejemplo, la protección de las fuentes), otras están pendientes, y aún otras están en suspenso. Un obstáculo añadido desde el escándalo de Edward Snowden y la NSA es la evidencia de que innovaciones legales como la IMMI pueden no ser suficientes para proteger a los que revelan malas prácticas institucionales y otras fuentes de vigilancia digital de poderosos Estados y corporaciones.
Esto condujo a un llamamiento a un mayor apoyo a la tecnología que proteja la privacidad, en vista de que las “medidas legalistas nunca han funcionado”, dado que los gobiernos poderosos siempre pueden “alardear de la legalidad internacional”. En 2013 Birgitta Jónsdóttir se erigió en líder del Partido Pirata de Islandia, que ocupa tres escaños de los 63 en el Parlamento nacional, pero actualmente lidera las encuestas en intención de voto para 2017. En lugar de una revolución populista, ella llama a una “rEvolución” gradual mientras que aboga por mayores libertades digitales y herramientas de democracia directa; se describe a sí misma como una “anarquista pragmática”. Jónsdóttir cree que su trayectoria como poetisa y friki de la informática le proporciona una perspectiva diferente de la reforma democrática respecto a la de los políticos al uso. Para gente como ella, todos los sistemas, incluidos los sistemas políticos, están para ser continuamente modificados, es decir, hackeados, para ser mejorados.4
El marco de una revolución
En contraste con el lento proceso de reforma tecnopolítica de Islandia, a finales de 2010 Túnez experimentó un repentino levantamiento que puso fin al régimen autocrático de Ben Ali, dando paso a una nueva Constitución y a la democracia parlamentaria. La revolución de Túnez fue inesperada, ya que tuvo lugar en un país hasta la fecha estable gobernado por presidentes vitalicios.
La revolución puede dividirse en dos fases principales: antes y después de la masacre de Kasserine, ocurrida del 8 al 12 de enero de 2011, en la que los tecnólogos de la libertad desempeñaron un papel relevante, sobre todo durante la primera fase. Comencemos, pues, con los hechos previos a Kasserine. Las revueltas de diciembre de 2010 fueron resultado de dos historias de lucha independientes que convergieron por primera vez, en concreto las luchas laborales de los empobrecidos “tunecinos del interior” (nuzuh) y el activismo de internet de las clases medias urbanas de la capital, Túnez, y otras áreas ricas en el país o en el extranjero.
Los blogueros y activistas habían luchado contra uno de los regímenes más duros respecto a la censura en internet y se sentían más cercanos a iniciativas globales como WikiLeaks, Periodistas sin Fronteras o Global Voices que a la difícil situación de las clases trabajadoras tunecinas. Como en las protestas españolas examinadas más adelante, la publicación de los cables diplomáticos de los Estados Unidos por parte de WikiLeaks ayudó a preparar el terreno de las protestas. El 28 de noviembre de 2010, a unas horas de la publicación original de WikiLeaks, una primera tanda de 17 cables que minaban al Gobierno tunecino fue publicada por Nawaat.org, un sitio web creado en 2004 por el abogado constitucionalista y bloguero Riadh Guerfali. Las filtraciones, amplificadas por Al Jazeera TV, dieron a muchos activistas tunecinos la falsa, pero trascendental, impresión de que la comunidad internacional, y en concreto los Estados Unidos, ahora apoyaba su lucha.
El episodio que encendió la mecha de las protestas fue la autoinmolación de un joven vendedor callejero, Mohamed Bouazizi, en la ciudad de Sidi Bouzid, después de haber sido humillado por una funcionaria del Gobierno. A diferencia de anteriores autoinmolaciones, esta fue filmada. El veterano activista Ali Bouazizi, un primo lejano de la víctima, grabó el hecho con su móvil Samsung, lo editó con ayuda técnica de un amigo y lo compartió en Facebook, donde fue descubierto por periodistas de Al Jazeera, cuya entrada tienen vetada a Túnez, y retransmitido a la nación. Los periodistas de Al Jazeera se basaron en información compartida en las redes sociales por los activistas tunecinos y otros ciudadanos para sortear las restricciones oficiales e informar sobre los acontecimientos en el terreno según iban evolucionando. Cuando el Gobierno censuró Facebook, el grupo Anonymous lanzó la Operación Túnez, realizando ataques contra webs gubernamentales a través de conexiones telefónicas facilitadas por la ciudadanía tunecina.
Mucho se ha dicho de cómo el vídeo de la muerte de Mohamad Bouazizi “se viralizó”, incitando numerosas protestas “multicanal” en todo el país que el Gobierno fue incapaz de controlar. Mucho menos conocido, sin embargo, es el hecho de que su primo, Ali Bouazizi, añadió dos “mentirijillas” a la historia que acompañaba el vídeo, como la idea de que Mohamed era un licenciado universitario (de hecho, nunca completó la secundaria) y la escena en que una mujer le dio una bofetada (ahora sabemos que tan humillante hecho jamás sucedió). Como explica la experta en internet Merlyna Lim: “Al añadir a la historia estos dos ingredientes, una titulación universitaria y la bofetada, Ali politizó el cuerpo en llamas de Mohamed, adhiriéndole el sentido político de un ciudadano cuyos derechos se negaban. Mohamed Bouazizi ya no representaba a los pobres sin estudios que luchan para conseguir alimentos, sino a todos los jóvenes tunecinos cuyos derechos y libertades eran negados.”
Para Lim, esta conmovedora historia funcionó como un “marco puente” que interpelaba a todos los tunecinos, convirtiéndose en el “marco estándar” reeditado sin fin en las revueltas tanto a escala nacional como internacional. En esta conexión, también fueron importantes las actividades de contextualización realizadas por los abogados del país. Así, la Asociación de Abogados Tunecinos apoyó la protesta desde el primer momento, como hicieron muchos abogados a título personal. Por ejemplo, la “abogada convertida en activista” Leila Den Debba presentó los hechos como “una revolución en la que los jóvenes no protestaban para pedir comida, sino una vida digna”.
El punto de inflexión se produjo entre el 8 y el 12 de enero de 2011 con la masacre de los manifestantes en Kasserine, en el centro de Túnez. La matanza condujo a protestas masivas en la capital, en las que el sindicato nacional de trabajadores (UGTT) y las clases medias urbanas estaban ahora visiblemente presentes y el ejército presionaba a Ben Ali para que dimitiera. En su discurso final, el 13 de enero, el tirano declaró el fin del uso de “balas reales”, pero ya era demasiado tarde para salvar al régimen y fue forzado a huir con su familia a Arabia Saudí.
Las narraciones periodísticas al uso del levantamiento tunecino señalan que los jóvenes forzaron un cambio de régimen. De hecho, como sugiere el anterior bosquejo, la realidad es mucho más compleja, e involucra a los propios periodistas. Mientras que los jóvenes que protestaban en las calles eran verdaderamente una fuerza poderosa, no debemos olvidar la aportación de agentes de protesta menos visibles. Así, durante la fase anterior a Kasserine tres tipos de tecnólogos de la libertad ya familiares (hackers y frikis, abogados y periodistas) de WikiLeaks, Anonymous, Al Jazeera, Nawaat.org y otros medios desempeñaron un papel crucial a la hora de definir el marco, ayudados por una amplia gama de diversos especialistas y una numerosa sección de la población liderada por jóvenes empobrecidos. Esta coalición ad hoc se amplió sensiblemente tras la masacre de Kasserine, cuando dos poderosas fuerzas, los sindicatos y el ejército, se unieron a la lucha junto a la gran mayoría de la población tunecina. Esto supuso el fin del régimen de Ben Ali.
Cinco años después, Túnez es único en el mundo árabe por tener una democracia funcional, una nueva Constitución basada en los derechos humanos, un Gobierno de unidad nacional conformado por laicos e islamistas, y un proceso de verdad y reconciliación. Sin embargo, a pesar de estos avances, Túnez sigue siendo un país profundamente dividido, con una élite cibernética urbana que disfruta de libertades sin precedentes, mientras que la población rural todavía sufre los efectos de la carestía al tiempo que violentas células yihadistas buscan rellenar el vacío.5
Del “Yes, we camp!” al “Yes we can!”6
Mientras tanto, en la cercana España, analistas locales y extranjeros coincidían en que las protestas de los Indignados (15M) de 2011 hace mucho tiempo que se venían retrasando. La burbuja del mercado inmobiliario en España había estallado en 2008, dejando a casi la mitad de la población joven del país desempleada y a millones de ciudadanos más en una situación de precariedad. Además, una serie de escándalos de corrupción de personajes de alto nivel había desacreditado a la clase política, como lo había hecho una ley electoral considerada como perpetuadora de un sistema bipartidista. La amplia franja de jóvenes (y no tan jóvenes) cualificados de clase media españoles, incapaces de encontrar un empleo o de desarrollar una carrera profesional, tenían mucho tiempo libre mientras que todavía vivían “en casa”. Por tanto, había muchas personas disponibles para unirse al naciente movimiento.
Fue este también un periodo de rápido crecimiento de la aparición de medios sociales y por móvil en España, con un marcado aumento (65%) en el uso de internet a través del móvil entre 2010 y 2011. Con el precedente de las revueltas populares en Túnez y Egipto aún fresco en la memoria, el escenario estaba listo para la Primavera del descontento. Por último, España tenía una rica historia de activismo por internet cuyas personas, ideales y prácticas no eran muy diferentes a los que se habían usado en el norte de África con gran éxito.
Las conexiones y solapamientos entre el movimiento por la libertad digital en España y el de los Indignados (15M) son múltiples. De hecho, algunos activistas por la libertad cultural desempeñaron un papel crucial en la concepción, gestación, nacimiento y consolidación del movimiento. España disfruta de una ‘ciuredanía’ activa desde los años noventa. En diciembre de 2009 se publicó un manifiesto en defensa de los derechos digitales fundamentales en respuesta a la llamada Ley Sinde, un proyecto de ley dirigido a atajar la “piratería informática”. Otros métodos de protesta incluían ataques DDoS,7 hashtags de Twitter y acciones offline.
En diciembre del 2010, un grupo de abogados y otros tecnólogos de la libertad lanzaron una movilización online de gran éxito contra la ley, ahora renombrada Ley Biden-Sinde en honor al vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden. El nuevo nombre surgió después de que WikiLeaks confirmara que la ley había sido redactada bajo la presión del Gobierno de los Estados Unidos y su lobby de la industria cultural. La movilización fue apoyada por Anonymous, Hacktivistas.net y otras formaciones hacker, y tuvo extensa cobertura tanto en medios alternativos como tradicionales. Para hacktivistas como Margarita Padilla, la lucha de la Ley Sinde reunió multitudes en red como Anonymous y movimientos tradicionales, forjando “alianzas monstruosas” que presagiaron el movimiento de los Indignados.
Desoyendo el clamor de la ciberciudadanía, el 15 de febrero de 2011 el partido en el Gobierno español, el PSOE, respaldado por los otros grandes partidos españoles, defendió y logró que se aprobara una ley antipiratería por presiones de los Estados Unidos. Al poco tiempo, el abogado de derechos en internet Sánchez Almeida junto a otros internautas creó ‘No les votes’, una plataforma online que hacía un llamamiento a los españoles a responder a esta traición no votando a ninguno de los grandes partidos en las cercanas elecciones municipales y autónomicas. ‘No les votes’ marcó una ruptura radical, un cisma entre los ciberciudadanos españoles y su clase política que conformaría los eventos sucesivos. Pronto sumó fuerzas con Anonymous, Juventud sin Futuro, Democracia Real Ya (DRY) y otras plataformas que llamaron a manifestaciones masivas en toda España el 15 de mayo de 2011 bajo el eslogan “Democracia real Ya! No somos mercancías en manos de políticos y banqueros”.
Las marchas fueron muy nutridas, pero no lograron la visibilidad mediática que los organizadores hubieran deseado. Sin embargo, un pequeño grupo de manifestantes en Madrid decidió pasar la noche en la Puerta del Sol, la principal plaza de la ciudad. Los tecnólogos de la libertad estaban bien representados entre estos “primeros 40” acampados-as, incluyendo a un Anonymous que había irrumpido en la gala de los premios Goya, un abogado por el copyleft antes empleado en un renombrado bufete de abogados, y un miembro del grupo hacktivista Isaac Hacksimov, que describió la ocupación como “un gesto que rompió el bloqueo mental colectivo”.
El 17 de mayo, el número de ocupantes ya había aumentado hasta los 200, y para el 20 de mayo, la cifra se acercaba a las 30.000 personas, que habían tomado la plaza en plena vista de los medios nacionales y extranjeros, y docenas de plazas en toda España replicaban la ocupación. Aunque es esencial el papel de liderazgo desempeñado por los hackers y otros expertos digitales a la hora de imprimir el carácter de cultura libre al movimiento de los Indignados (15M), es importante no olvidar el papel que jugaron los periodistas tanto profesionales como amateur. En el discurso del 15M, los medios de comunicación convencionales a menudo se presentaron como una parte integral de un “sistema” monolítico hostil a los acampados, mientras que el “periodismo ciudadano” y otras formas de comunicación “horizontales” y “en red” lo celebraban. De hecho, sin el apoyo de periodistas y editores de grandes organizaciones informativas que les apoyaban es poco probable que la ocupación de un mes de las plazas españolas y sus ecos de los acampados hubiera alcanzado tan amplia resonancia pública. Por ejemplo, Joseba Elola, un periodista del periódico de centro-izquierda El País, apenas podía contener su emoción cuando informaba desde el campamento de Sol, describiendo a los ocupantes como “jóvenes conscientes de sus libertades civiles que se han levantado para dirigir una protesta en busca de un gran cambio”.
Fue precisamente Elola quien aseguró la participación de El País en la publicación global de los cables diplomáticos de los Estados Unidos de WikiLeaks en noviembre de 2010, después de un encuentro secreto con Assange en Londres. Esta experiencia transformó la perspectiva profesional de Elola, que se dio cuenta de que los medios habían estado “un poco dormidos” y que WikiLeaks había “traído algo realmente bueno al periodismo y a la sociedad”.
Saltemos a principios de 2014, cuando algunos partidos políticos españoles de nuevo cuño anunciaron su intención de participar en las elecciones europeas del 25 de mayo de 2014. El pionero fue el Partido X, una “red ciudadana” creada a principios de 2013 por el mismo grupo de los tecnólogos de la libertad de Barcelona que estaba detrás de DRY. El Partido X no es un partido ordinario, ya que se nutre de los principios y prácticas de la cultura libre/hacker y se considera a sí mismo como una “metodología” para el cambio político que puede tomarse prestada libremente y ser remezclada por otros partidos, siempre que reconozcan públicamente el préstamo. De hecho, poco después, a principios de 2014 se fundó el nuevo partido político Podemos y sus líderes anunciaron que habían adoptado algunos de los métodos tecnopolíticos del Partido X. Podemos fue una de las mayores sorpresas de las elecciones europeas, logrando el 8% del voto en España y cinco escaños en el Parlamento Europeo.
Podemos es una organización de izquierdas vinculada a los Indignados y liderada por un carismático politólogo, Pablo Iglesias, de 37 años. Para su campaña europea realizó una exitosa estrategia “transmedia” que superó la brecha entre los medios tradicionales y las redes, apoyándose en su telegénico líder. Por su parte, el Partido X apostó por los medios sociales y no por los líderes carismáticos, lo cual le costó caro en las urnas al no obtener ningún escaño. Iglesias se convirtió en un practicante experto del género tertuliano, que incluye populares programas de debate en TV y radio sobre cuestiones de actualidad. Con frecuencia, estos medios se convertían en foros de los que Iglesias solía salir victorioso.
Exactamente un año después, el 24 de mayo de 2015, se celebraron en España elecciones municipales. En Madrid, Barcelona, Valencia y otras grandes ciudades nuevos candidatos de oposición al establishment ganaron o estuvieron muy cerca de hacerlo, marcando un gran cambio en el escenario político del país. En Barcelona obtuvo la victoria la nueva plataforma municipalista Barcelona en Comú, derivada del grupo antidesahucios PAH. Como Pablo Iglesias antes que ella, su popular lideresa, Ada Colau, optó por una estrategia transmedia de bajo presupuesto, pero altamente efectiva. Su programa electoral, elaborado por más de 5.000 personas, se basaba en las aportaciones tanto de plataformas online como de asambleas presenciales abiertas.8
La nueva plataforma también dio a luz a SomComuns, una red de activistas de internet que actuaba en los medios sociales, al igual que un colectivo de diseñadores y artistas que hacía un llamamiento para la “liberación gráfica” de Barcelona. Los voluntarios de SomComuns eran libres de experimentar con el lenguaje y los formatos de los medios. Como lo expresó uno de sus artífices, “si el mensaje funciona, lo promovemos sin que importe quién lo creó. De hecho, algunos de nuestros mejores virales los crearon personas anónimas”. Un ejemplo de esta “nueva narrativa electoral” es el vídeo El run run que muestra a una jovial Ada Colau. No solo impactó este vídeo a los que apoyaban a Colau, sino que también se hizo hueco en los medios de comunicación convencionales.
Para Carlos Delclós, el éxito de Barcelona en Comú y plataformas similares marca el ascenso de una “nueva agenda municipalista” en España. Esta agenda se hace eco de las ideas del padre fundador del municipalismo libertario, Murray Bookchin, que identificó sus cuatro principales características: “el resurgimiento de la asamblea popular, la necesidad de confederarse con otros municipios, la política de base como escuela de una auténtica ciudadanía y la municipalización de la economía”. En la base de este programa, argumenta Delclós, está “la recuperación de una nueva política participativa estructurada en torno a ciudadanos libres, autoempoderados y activos”.9
A finales de octubre de 2015, Barcelona en Comú anunció que se uniría a Podemos de cara a las elecciones generales en España del 20 de diciembre.10 Como se esperaba, su campaña conjunta mostró una curiosa mezcla de destrezas tecnopolíticas e ideales neoizquierdistas de justicia social. De esta forma, se convirtieron en la primera fuerza en Cataluña, captando un 25% del voto y 12 diputados de la porción correspondiente a Cataluña en el Parlamento español. A nivel estatal, Podemos se convirtió en la tercera fuerza política, con más de cinco millones de votos, captando el 20,66% del voto total, que dio al nuevo partido político 69 diputados y terminó con el bipartidismo, instalado a lo largo de la era posfranquista.
Los derechos digitales son derechos sociales
Más allá de las singularidades de cada contexto nacional, el éxito en la aplicación de los ideales y prácticas tecnopolíticas para la transformación democrática consiste en tres elementos: una crisis económica grave, conocimientos y experiencias interdisciplinares, y populismo de base.
En primer lugar, no es una coincidencia que los países que lograron capear la tormenta económica posterior a 2008 (por ejemplo, Alemania, Noruega, Singapur o Indonesia) no registraran movimientos masivos de protesta en los que los tecnólogos de la libertad pudieran desempeñar un papel importante. Igualmente, fueron países como Islandia, Turquía, Egipto, España o los Estados Unidos; es decir, los golpeados más duramente por la crisis financiera global, los que vieron un aumento espectacular de la disputa política.
En segundo lugar, ningún proyecto tecnopolítico puede tener un impacto social si se basa solo en el conocimiento de las tecnologías de la información de los hackers y los frikis informáticos; debe ser un esfuerzo interdisciplinar. Para tener éxito políticamente, estos especialistas han de unir fuerzas con otros expertos de la tecnología (como abogados de los derechos digitales, periodistas digitales y políticos alternativos) , así como expertos en otras materias (artistas, intelectuales, científicos sociales…) y ciudadanos de a pie por medio de iniciativas inclusivas donde todos pueden hacer una contribución.
El motor del proceso de cambio está en el encuentro de gente corriente, frikis de la tecnología y otros agentes políticos a través de los medios sociales, medios de comunicación convencionales y lugares físicos como calles y plazas. Para conseguir esta convergencia, los reformadores (y revolucionarios) democráticos en ciernes deben encontrar formas innovadoras de sortear el abismo entre las estructuras e intereses de las clases medias y bajas a través del populismo de base. Vimos esto de forma dramática en la narrativa de martirio de Mohamed Bouazizi, que sirvió como “estructura puente” que atraía tanto a los trabajadores como a la clase media tunecina, en el eslogan “Somos el 99%” del movimiento Occupy y en el lema “No somos mercancías en manos de políticos y banqueros” del 15M español.
En este sentido, merece la pena destacar que España, un país que está lejos de ser un líder mundial de la tecnología, actualmente puede presumir de estar a la vanguardia global en tecnopolítica. Pero hay más: la sociedad civil española ha logrado esta posición tan destacada mientras lucha por agendas que persiguen tanto la justicia social como la libertad. En contraste, el panorama tecnopolítico en el resto de Europa está dominado por Partidos Pirata con agendas “prosociales” (como el garantizar una renta básica para la ciudadanía o la sanidad y educación gratuitas), pero que no acaban de “clarificar su posición ideológica y la relación precisa entre una agenda relativa a las libertades y una agenda de justicia social”, como apunta Bart Cammaerts 11.
El problema es incluso más crudo fuera de Europa, donde los tecnoactivistas raramente establecen el lazo entre libertad y justicia social. Este es el caso, por ejemplo, del sudeste asiático, una región pionera en el uso de las tecnologías de la información para el cambio político después de la crisis financiera asiática de 1997 que llevó al nacimiento de nuevos movimientos a favor de la democracia en toda la región, y de forma destacada en Indonesia, Malasia y Filipinas.
Una experiencia de investigación personal ilustrará este punto. En marzo de 2015 estaba en la capital de Filipinas, Manila, para asistir como observador a la 4ª reunión RightsCon.12 Según sus organizadores, esta serie de conferencias sobre derechos digitales, habitualmente celebradas en Silicon Valley, tiene como objetivo “encontrar soluciones a los retos de los derechos humanos concentrándose en las posibilidades dentro del sector de tecnología”.
En general, RightsCon 2015 fue un evento exitoso. Como destacaron sus organizadores durante la ceremonia de clausura, la conferencia de Manila proporcionó un espacio seguro y con equilibrio de género para los actores de la sociedad civil y la tecnología procedentes de numerosos países para encontrarse y hacer red. Sin embargo, algo sobre ese evento me empezó a irritar a medida que se sucedían las sesiones, y era el ignorar las desigualdades sociales. Esta cuestión salta a la vista tan pronto como uno sale del confort de un hotel internacional y camina por las calles de Manila (o Londres). Como experimento, traté de entrar en una bonita urbanización cerrada llamada acertadamente Arcadia, y situada frente al lugar donde se desarrollaba la conferencia. Lamentablemente, los guardias de seguridad me impidieron el paso por no tener un nombre de contacto y una dirección en el amplio recinto. “Lo siento, señor”, uno de ellos se disculpó, “son las reglas”.13 Mientras tanto, el ejército de trabajadores de Arcadia salía a pie al tiempo que se franqueaba la entrada a los ocasionales vehículos de lujo.
Las desigualdades económicas han aumentado en todo el mundo durante décadas, y han sido testigo de un ascenso paralelo de la plutocracia y la consolidación del “poder corporativo ilegítimo”.14 Se puede afirmar que el asunto más urgente que hay que resolver en estos y otros encuentros sobre los derechos digitales es precisamente cómo utilizar nuestras competencias tecnopolíticas y de investigación para abordar el actual sistema global de grotescas desigualdades. En la ceremonia inaugural de RightsCon, se identificó “la desigualdad estructural” como una de las principales preocupaciones del congreso, pero poco se dijo sobre ella en el resto del evento.
Aun queda pendiente un debate crucial entre los tecnólogos de la libertad que sostienen enfoques de múltiples actores para el futuro de internet [15] y aquellos, como Aral Balkan, que defienden un orden mundial posplutocrático en el que internet es un bien público global, no un campo de batalla de las corporaciones y los estados. Un caso concreto es el problemático patrocinio de estos eventos por las gigantescas corporaciones de Silicon Valley. Como Balkan tuiteó en relación a RightsCon 2015: “Tener #rightscon patrocinada por Facebook, Google y Microsoft es como tener #healthcon [un evento de salud] patrocinado por McDonald’s, Coca-Cola y Lucky Strike”.
¿Pero cómo puede trascender la justicia social más allá de estos pequeños círculos por la libertad de internet? En primer lugar, académicos, intelectuales, periodistas, público y otros agentes tienen que desempeñar un papel fundamental a la hora de buscar las relaciones entre la libertad —en sus variadas formas, incluyendo sus dimensiones tecnológicas— y la justicia social, y deben hacerlo a través de debates públicos basados en pruebas documentadas en una serie de medios y lugares físicos, teniendo cuidado de no asumir que el capitalismo emprendedor de Silicon Valley es el único modelo de negocio tecnológico disponible. Segundo, debemos empezar a pensar cómo sería una era poscapitalista de innovación sociotécnica y cómo podría contribuir a la renovación democrática en diferentes contextos sociales. Tercero, ya ha quedado claro que la llamada brecha digital no se puede sortear solo por medios tecnológicos, y debe entenderse en términos de sistemas más amplios de exclusión social y económica. Los derechos digitales no son solo derechos humanos, como escuchamos habitualmente en los círculos de los activistas por la libertad de internet: los derechos digitales son también derechos sociales.
Acerca del autor
John Postill, doctor en antropología por el University College de Londres (UCL), es investigador sénior de la Universidad RMIT, Melbourne, e investigador especializado en Antropología Digital de UCL. Es experto en el estudio antropológico de los medios y el cambio socio-político, y ha realizado trabajo de campo en Malasia, Indonesia y España.
Traducción
Traducción original de Nuria del Viso (revisada por John Postill).
Notas
1. Las tres primeras secciones de este texto son una adaptación de Postill, J. (2014).
“Freedom technologists and the new protest movements: a theory of protest formulas”.
Convergence, 20 (3), 402-418. Salvo anotaciones expresas, por favor, citar ese texto para
las referencias bibliográficas.
2. Michael Mandel (2010). “Iceland goes bankrupt”. Business Week. 10 de octubre. http://
http://www.businessweek.com/the_thread/economicsunbound/archives/2008/10/iceland_
goes_ba.html
3. Lázaro, Paula (2014). Icelandic Modern Media Initiative. (16:50-17:15). https://www.
youtube.com/watch?v=xGcQKC_x6zw
4. Véase Rushton, Steve (2014). “Anarchist and Parliamentarian, Iceland’s Birgitta
Jónsdóttir Talks Big E-Revolution”. Martes, 4 de enero. http://www.occupy.com/article/
anarchist-and-parliamentarian-icelands-birgitta-j%C3%B3nsd%C3%B3ttir-talks-bigerevolution
5. Véase Eakin, Hugh (2015) “Why Tunisia?”. The New York Review of Books, 2 de julio. http://
http://www.nybooks.com/blogs/nyrblog/2015/jul/02/tunisia-jihad-terrorism-why/
6. Del “sí, acampamos” al “sí, podemos”. Dada la fama de las frases citadas, mantenemos
la versión en inglés para conservar el juego de palabras. [N. de la T.]
7. Siglas de Distributed Denial of Service, un tipo de ataque informático en el que la
fuente del ataque es más de una, a menudo miles, de direcciones IP. [N. de la T.]
8. Delclós, Carlos (2015b). “Barcelona en Comú joins Podemos in Spanish elections”.
Roar Mag, 5 de noviembre. http://roarmag.org/2015/11/barcelona-en-comujoinspodemos/
20 | Estado del poder 2016
9. Delclós, Carlos (2015a). “Towards a new municipal agenda in Spain”. Open
Democracy, 26 de mayo. https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/
carlosdelcl%C3%B3s/towards-new-municipal-agenda-in-spain
10. Delclós, Carlos (2015b). “Barcelona en Comú joins Podemos in Spanish elections”. Roar
Mag, 5 de noviembre. http://roarmag.org/2015/11/barcelona-en-comu-joinspodemos/
11. Cammaerts, B. (2015). “Pirates on the Liquid Shores of Liberal Democracy: Movement
Frames of European Pirate Parties”. Javnost-The Public, 22(1), 19-36.
12. Véase https://www.rightscon.org/ [N. de la T.]
13. SOP, Standard Operating Procedure, en el original. [N. de la T.]
14. Freeland, C. (2012). “Plutocrats: The Rise of the New Global Super-Rich and the Fall of
Everyone Else”. Londres: Penguin; George, S. (2014). “State of Corporations – The rise
of illegitimate power and the threat to democracy”, State of Power 2014, Transnational
Institute. https://www.tni.org/files/download/state_of_corporation_chapter.pdf
15. Para una reflexión profunda sobre la posición de internet de múltiples actores, véase
MacKinnon, R. (2012). Consent of the Networked: The Struggle for Internet Freedom. Basic
Books: Nueva York.
