Este balance fue elaborado por Mariengracia Chirinos, coordinadora del Estudio 2014: Censura y autocensura en medios y periodistas de Venezuela. Los análisis corresponden a un trabajo en conjunto del equipo interdisciplinario que participó en esta investigación.
Los síntomas de la censura y autocensura en periodistas y trabajadores de medios privados, estatales, comunitarios, e independientes comienzan a sentirse con mayor regularidad en Venezuela. Aunque son diversos matices los que se delinean, ubican en un primer eslabón a la censura como fenómeno social que se expresa mediante órdenes y presiones directas e indirectas. Esta irregularidad, evidentemente, afecta la independencia, la pluralidad, la diversidad y la calidad informativa.
Estas coacciones -que tienden a volverse naturales- comprenden diversos emisarios de poder en el sector estatal, privado e independiente. Su recurrencia debe significar un primer llamado de atención que necesita respuestas, no sólo para preservar las libertades periodísticas, sino para garantizar los principios básicos de la democracia. Son elementos que deben llamar a la reflexión ante un panorama de país en el que la actuación de grupos económicos, políticos y sociales son característicos de una sociedad en la que prevalece la opacidad y otras desviaciones que han debilitado la independencia y la autonomía de sus instituciones.
Resulta preocupante que, luego de hacer una revisión integral del ejercicio del periodismo en Venezuela, surjan evidencias que afiancen la percepción de que los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación sean parte de los conflictos sociopolíticos de Venezuela, aún por encima de las dificultades económicas, sociales y culturales. De alguna manera, estas perspectivas se demuestran con señalamientos constantes de diversos grupos de poder estatal y privados orientados a criminalizar y desprestigiar con un verbo hostil la importancia que tiene el periodismo -como ejercicio de denuncia, información y contraloría social- para la sociedad democrática.
Estos son los rasgos generales que se desprenden del Estudio 2014: Censura y Autocensura en periodistas y medios de comunicación de Venezuela, que desarrolló el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela). La investigación abarcó las percepciones de 225 periodistas que laboran en medios privados (89%), comunitarios (5%), estatales (3%), e independiente (3%), ubicados en los 13 principales estados de Venezuela: Anzoátegui, Aragua, Área Metropolitana de Caracas, Barinas, Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, Mérida, Monagas, Portuguesa, Táchira y Zulia.
Se trata de una investigación que se afianza en la confidencialidad de la identidad de los consultados, un estudio de carácter cuantitativo con una muestra seleccionada de manera aleatoria, cuyo proceso de recolección de datos se ejecutó mediante un cuestionario digital, aplicado entre el 1 de agosto al 5 de septiembre de 2014.
CENSURA
El Estudio 2014: Censura y Autocensura en periodistas y medios de Venezuela revela que en el país son frecuentes las órdenes expresas por parte de los poderes estatales, sin embargo éste no es el único actor que intenta prohibir o silenciar a los periodistas. También, se ejercen presiones de parte de los propios medios de comunicación —entendidos como industrias— y de grupos económicos privados, políticos y de delincuencia organizada, entre otros.
Los resultados obtenidos en esta investigación indican que la mayor parte de las órdenes directas de censura son emitidas por las instituciones del Estado. Los encuestados perciben en el poder ejecutivo -del que dependen los gobiernos nacional, regional y local- una actuación directa en materia de censura (34%). Luego, señalan de censores al poder judicial (17%), al poder legislativo (14%), al poder moral (7%), y al poder electoral (6%).
Estas mismas evidencias se desprenden de poderes no estatales. Los consultados perciben órdenes directas de censura por parte de grupos económicos privados (16%); de grupos políticos (8%); de grupos de delincuencia organizada (6%); de agrupaciones sociales independientes (3%); y de las organizaciones de la sociedad civil (1%).
Presiones indirectas
Además de los mandatos expresos que afectan la labor de periodistas y medios de comunicación, se reportan otras acciones indirectas que, igualmente, tienen intenciones de censura. Las percepciones de los periodistas consultados reflejan que se han ejercido presiones oficiales para modificar un producto informativo en el que ellos han estado trabajando (42%); han ocurrido impedimentos en la emisión informativa (15%); se han recogido ediciones -generalmente en medios impresos- (6%), y se ha llegado a cerrar medios en los que laboraban algunas de las personas consultadas (2%).
A parte de las órdenes de censura que son promovidas por actores externos, las tendencias del estudio infieren que el medio de comunicación, entendido como empresa, también se comporta como censor. Así se evidencia cuando 29% de los encuestados considera que se han inhibido de desarrollar un contenido periodístico porque de todas maneras la empresa comunicacional para la que laboran no lo iba a difundir.
Este factor de desestímulo ante la inminente censura —que incluso hace a los periodistas declinar en una información de interés público— predomina por encima de la posibilidad de exponer su integridad física, del temor de afectar a un tercero por cualquier incidente que se pueda producir a partir de una publicación, o de las amenazas que constituyen las normativas que regulan el ejercicio periodístico y los medios de comunicación social en el país.Los periodistas de medios privados, estatales y comunitarios e independientes, que participaron en el estudio, indican que 43% de ellos ha recibido lineamientos -internos y externos- que prohíben la cobertura de algunos asuntos públicos sobre temas concretos (y que sí se pueden abordar desde otras perspectivas para ajustarse a la línea editorial del medio).
En la consulta los periodistas refirieren haber recibido órdenes expresas de cambiar la redacción (39%). Esto implica un cambio en el lenguaje empleado, regularmente para modificar connotaciones que pueden causar molestias o generar otras repercusiones. Más allá de respetar los estándares lingüísticos y éticos, estas imposiciones pueden representar cambios de significaciones, que podrían llegar a suavizar o modificar conceptos que son compartidos por la sociedad, con la finalidad de no incomodar a las fuerzas de poder.
A 35% de los consultados -en la investigación sobre censura y autocensura que realizó IPYS Venezuela- se le ha prohibido expresamente cubrir y/o publicar una información sobre un hecho noticioso, y también se les ha negado la posibilidad de cubrir un tema en particular. A 34% se le ha dicho que no puede nombrar a una fuente determinada en una información que vaya a ser publicada. Por las presiones que se han ejercido sobre la cobertura periodística, 17% de los participantes manifiesta que, luego de incidentes de este tipo, fueron cambiados de fuente de información.
Las fuentes en riesgo
Este panorama permite inferir que las intenciones de censura tienden a naturalizarse al punto que se han manifestado por otras presiones indirectas, como el hecho de conminar a los periodistas a revelar sus fuentes de información. Esto, de alguna manera, sucede ante temas que son sensibles para la colectividad y que distintos actores de poder prefieren mantener ocultos. La finalidad de estas acciones coercitivas es hacer creer que el periodista podría incurrir en un delito por ejercer la libertad de informar, aun cuando esta concepción no tenga ningún fundamento y vaya en contra de los estándares internacionales de protección de la libertad de expresión.
Los datos obtenidos por IPYS Venezuela demuestran que las medidas de presión para revelar las fuentes periodísticas han sido tomadas por distintos actores estatales y no estatales, entre los que están los Cuerpos de seguridad del Estado (12%), el partido político oficial (10%) y los ministerios (8%), principalmente.
En esta categoría aparecen, de igual manera, las empresas de los medios de comunicación (8%). Además, esta práctica es repetida como manera de coerción por las alcaldías (7%), las gobernaciones y dependencias (5%), las organizaciones sindicales (5%), y los grupos de periodistas y/o trabajadores de medios (4%), de acuerdo a la información que aportaron los periodistas en el estudio.
Estas presiones se insertan en una coyuntura en la que, cada vez más, se toma con normalidad las amenazas y las acciones de hostigamiento en contra de los trabajadores de medios privados, estatales, comunitarios e independientes.
Órdenes de rectificación
Estas acciones con intencionalidad de censura han socavado algunas prácticas periodísticas básicas. Se han reportado acciones destinadas a modificar la información levantada por los periodistas, que no tienen que ver con los procesos de confirmación y verificación de la información. Así, 44% indica que, por imposiciones que provienen de organismos gubernamentales, en su medio se “rectifican” informaciones que han sido debidamente verificadas.
Aun cuando la información periodística haya sido corroborada y se corresponda con los hechos y con la realidad, las órdenes de rectificación emitidas por factores de poder se comportan como un mecanismo de coacción.
Junto a estas imposiciones es necesario analizar que en el repertorio de incidentes que han afectado la actividad mediática, destaca otro factor que podría estar privilegiando las visiones oficiales ante los principios periodísticos fundamentales. Precisamente, esto tiene que ver con el hecho de que 16% de los encuestados afirma tener conocimiento de que los medios para los que trabajan han recibido notificaciones para obligarlos a publicar boletines, notas de prensa u otras informaciones emitidas por organismos oficiales. Estas órdenes, evidentemente, afectan las libertades informativas, vulnerando las garantías que deben tener periodistas y editores para realizar un proceso de jerarquización y valoración noticiosa.
Esta situación debe verse en perspectiva con los obstáculos en la labor periodística, debido a que 38% de los consultados atribuyó limitaciones por amenazasdel gobierno nacional y 37% refirió amenazas de los accionistas de medios.
Declinan por presiones
Las tendencias del estudio de censura y autocensura, además, reflejan las acciones de disentimiento del medio y de los periodistas, luego de acciones de hostigamiento que ejercen diversos grupos con esas finalidades. Por lo menos, 26% indica que ha declinado en el seguimiento periodístico por presiones de autoridades gubernamentales; 19% por simpatizantes político partidistas del oficialismo; 9% por manifestantes violentos; 9% actores económicos y empresariales privados; 6% por grupos paraoficiales; y 6% líderes de movimientos políticos de oposición.
De acuerdo a la información que obtuvo IPYS Venezuela en su proceso de indagación, estas coerciones han tomado también los espacios dentro de los propios medios, pues los representantes de éstos giran instrucciones que limitan la cobertura o difusión de los temas de interés público que, según la percepción de los periodistas, se refleja de la siguiente manera: 40% por conflictos con autoridades del gobierno; 36% por situaciones que expongan al medio o al periodista al riesgo de ser demandado; 30% por intereses o puntos de vista de los anunciantes; 29% por actos violentos; 28% por conflictos con grupos de manifestantes violentos; 26% por intereses de una fuente que se quiere proteger; 20% por escasez de alimentos e insumos; y 20% por asuntos de seguridad nacional.
A pesar de estas presiones, la información que aportó la muestra de personas de esta investigación refleja que los periodistas permanecen firmes y defienden su rol. Aseguran que se han negado a obedecer órdenes de alguna autoridad del Estado que les haya conminado a revelar las fuentes utilizadas (91%). En un porcentaje mínimo (3%) sí han acatado este tipo de órdenes. Al analizar esta misma situación con actores no estatales, 94% afirma no haber cumplido este mandato por parte de un factor de poder privado o independiente, mientras que 1% asevera que sí lo ha hecho.
Los resultados estadísticos -del estudio que realizó IPYS Venezuela- reflejan que la censura ha cooptado los diversos espacios para el ejercicio de la labor informativa en Venezuela, en el sector privado, estatal, independiente y comunitario. Esta situación, además, da cuenta de una articulación entre las diversas fuerzas de poder que, evidentemente, erosionan las libertades informativas y de expresión.
AUTOCENSURA
Estas presiones y las medidas coercitivas influyen, de manera determinante, tanto en la labor periodística como en las posibilidades de acceso a la información pública. Es una práctica que no discrimina actores estatales, no estatales, y los propios medios de comunicación.
Un panorama tal conduce al establecimiento de un escenario propicio para la autocensura, en el que los periodistas y trabajadores de los medios ceden ante órdenes e intimidaciones. Ante estas adversidades, las negativas para informar predominan en las decisiones personales de los periodistas al momento de informar.
En una sociedad democrática el fenómeno de la autocensura debe significar un síntoma que hay que atender, debido a que es un indicador de excesivos controles y permanentes órdenes de silencio. Es, pues, el nivel más avanzado en el que opera la censura. Un rango en el que no se percibe el miedo ni las voluntades para no informar, porque las decisiones para declinar en las funciones informativas se toman como la decisión más lógica y natural. La inhibición se vuelve costumbre, y con ella se va desdibujando el rol del periodista como voz de la denuncia y actor que escruta, por naturaleza, al poder.
La autocensura se debe entender, además, como una dificultad compleja en la que intervienen las presiones del contexto, las condiciones en las que se realiza la labor en los medios de comunicación, las reivindicaciones laborales, la formación en el oficio pero, sobre todo, la construcción del criterio periodístico y los estándares de calidad que se tienen como norte. Aunque con niveles sutiles, estos rasgos se perciben en la realidad del ejercicio del periodismo en Venezuela. Así se evidencia la decisión de los periodistas consultados en esta investigación, de no difundir una información ya confirmada, precisamente por razones de falta de calidad, espacio o jerarquía.
Quienes participaron en este análisis refieren que se autocensuran por el interés de proteger a una fuente (24%). También lo hacen por posibles situaciones que puedan exponer al medio o al periodista a ser demandado (24%). En algunas ocasiones, toman esta la decisión por conflictos con autoridades de gobierno (19%), por conflictos con manifestantes violentos (17%), o por actos violentos o relacionados con la seguridad ciudadana (16%).
De acuerdo a las opiniones recogidas, han sido motivo de autocensura diversas situaciones internas y externas. 29% dice que por voluntad personal ha decidido no publicar una información de interés público, ya que de todas maneras el medio no iba a difundirla; 28% afirma que lo ha hecho para no exponerse a amenazas contra la seguridad o integridad personal; y 26% ha optado por esta conducta ante la preocupación de la posible aprobación de nuevas leyes.
RIESGOS DE LA LABOR PERIODÍSTICA
Los datos obtenidos en esta investigación revelan que los periodistas y trabajadores de medios privados, estatales, independientes y comunitarios refieren que existen factores externos e internos que afectan su labor informativa.
Cierre de fuentes de información
A nivel externo, la opacidad informativa aparece como la principal preocupación. Esto da cuenta de una sociedad poco transparente, que dificulta sus posibilidades de contraloría y escrutinio del poder como un ejercicio saludable en cualquier democracia. 72% coincide en que el cierre de las fuentes de información en entes estatales es uno de los principales obstáculos. Mientras que 31% del total de entrevistados refiere la misma situación en sectores privados.
Agresiones de calle
Los periodistas y trabajadores de medios consideran un riesgo de la labor periodística, las agresiones de calle ejercidas por parte de grupos de estudiantes, vecinos, colectivos comunitarios, manifestaciones y/o grupos armados (54%). Además, perciben como una limitación las instrucciones de sus supervisores u otros jefes indirectos de la organización donde trabajan (41%).
Con respecto a los ataques a la integridad física de los periodistas, se refieren amenazas verbales o escritas, que se ubican en el primer lugar con el 54%. Siguen las acciones de intimidación física o verbal (47%), las agresiones por parte de manifestantes (26%) y las agresiones físicas por parte de los ciudadanos (19%). También reportan agresiones físicas por parte de autoridades públicas (13%).
Entre tanto, el estudio muestra los incidentes con los equipos de trabajo de los equipos reporteriles. A 12% de los periodistas encuestados les han dañado sus herramientas de reporterismo; 11% ha sido víctima de robos y 9% denuncia que los Cuerpos de Seguridad del Estado les han confiscado equipos y materiales de trabajo.
Estos incidentes afectan el desarrollo del trabajo periodístico y ponen en evidencia los riesgos a la integridad física y a la seguridad de los periodistas. Más allá de la vulnerabilidad que enfrentan los trabajadores de medios, los más afectados son los ciudadanos a quienes, de manera indirecta, se les limita su derecho a estar informados de manera libre, plural y oportuna.
Restricciones en contenidos de internet
El estudio de IPYS Venezuela indica algunos riesgos de la labor informativa en las plataformas digitales. 10% denuncia que ha sido víctima de intervenciones ilegales de sus cuentas de correo electrónico y de redes sociales.
Se ha afectado la posibilidad de buscar, recibir y difundir información -sin ningún tipo de restricciones- a través de Internet. Del total de consultados, 29% refiriere que se le ha restringido el acceso a contenidos en plataformas digitales, y 26% asegura que ha tenido limitaciones para el acceso a internet.
Entre 2013 y 2014, IPYS Venezuela ha registrado casos en relación a estos tres patrones. De enero a septiembre de 2014, esta organización reportó, al menos, 10 casos de violaciones a la libertad de expresión en Internet, mientras que en 2013 se contabilizaron 34 incidentes de este tipo, que comprendieron: bloqueo de páginas web con contenido informativo; suspensión del servicio nacional de internet; intervención ilegal de cuentas personales e institucionales de redes sociales; intervención ilegal de comunicaciones personales; acciones judiciales e investigaciones policiales por expresión; hostigamiento y amenazas por redes sociales.
Desde noviembre de 2013, por orden del gobierno nacional, fueron bloqueados 523 portales digitales por difundir información de interés público, y que el gobierno, de manera discrecional calificó como hecho ilícito, irrespetando los estándares nacionales e internacionales de libertad informativa.
A partir de una lista que se difundió por las redes, IPYS Venezuela realizó un seguimiento del estatus de estos portales desde la conexión de los servicios de Internet en Venezuela, y determinó que para mayo de este año aún continuaban sin poder operar en el país 464 de ellos.
Criterio periodístico
En la investigación de Censura y Autocensura de IPYS Venezuela aparecen situaciones internas que se vinculan con las condiciones laborales y la preparación periodística. Éstas ocupan el segundo y cuarto lugar -respectivamente- de los obstáculos que afectan las libertades informativas, por encima de situaciones sociopolíticas del país. 61% de los entrevistados atribuye parte de los obstáculos a su labor al bajo nivel de los salarios que perciben en los medios de comunicación. Inferimos que los consultados no están conformes con sus remuneraciones económicas laborales, por sus cargas de trabajo y las condiciones de país.
En este mismo aspecto, aparece la deficiente formación de los periodistas, en lo que coincide 44% de los consultados. De acuerdo a la interpretación de IPYS Venezuela, de alguna manera esto demuestra que existe una necesidad en materia de formación profesional que derive en buenas prácticas para consolidar el ejercicio del oficio y los criterios periodísticos, con unos estándares de calidad que se ajusten a los retos que exige la sociedad.
En medio de dificultades
Estos últimos aspectos -desde el análisis que realiza IPYS Venezuela- muestran un escenario de vulnerabilidad en el ejercicio periodístico, en una industria que por diversos aspectos se encuentra actualmente ante agudas dificultades económicas, políticas y sociales. Esta situación está latente en Venezuela, pero también es un factor predominante en diversos países.
En el caso venezolano, la industria de medios de comunicación (privados, estatales, independientes y comunitarios) enfrenta obstáculos derivados de las políticas de control cambiario, limitaciones jurídicas y administrativas que se han aprobado por vías directas e indirectas, entre otros aspectos. A ello se suman las constantes descalificaciones, principalmente de parte de sectores estatales, quienes insisten en un verbo agresivo y en la criminalización contra los medios de comunicación que mantienen una línea diferente a las políticas y a las prácticas gubernamentales.
Quienes participan en el estudio afirman que los medios presentan dificultades para obtener divisas (46%). Dicen tener conocimiento de exhortaciones desde el poder oficial para evitar la publicación de determinada información (36%), así como dificultades para recibir habilitaciones del Estado para informar sobre asuntos de interés público (28%). Además, perciben que han existido órdenes de veto o retiro de la publicidad oficial por parte de los organismos del Estado (33%).
Surge como preocupación entre los periodistas el cambio de la propiedad y gestión de los medios de comunicación. Esta situación fue denunciada por 20% de las personas que participaron en el estudio.
Las fuerzas del contexto
Esta situación debe ser analizada bajo las perspectivas del contexto de país, pues en los últimos años el gobierno central ha dedicado importantes esfuerzos económicos y sociopolíticos a la consolidación de un modelo de comunicación centralizado y dirigido desde el Estado. En esta estructura se hace invisible la crítica y desaparece la transparencia, fundamentos imperativos para el desarrollo de la democracia.
Como parte de los riesgos del contexto para el ejercicio de las libertades informativas, del mismo modo se visualizan algunas normativas e instrumentos jurídicos que afectan la libertad de expresión y el derecho a la información. Así, 40% de los consultados ve con preocupación las disposiciones de la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos (Resorteme), por los controles que ejerce sobre los medios radioeléctricos.
En menores niveles, refirieren los contenidos del Código Penal, la creación de Centro Estratégico para la Seguridad y la Protección de la Patria (Cesppa), así como la constitución de los Estados mayor de Comunicaciones en diversas regiones, cuyas instancias tienen competencias de investigación e inteligencia sobre el oficio periodístico.
Hay la conciencia entre los periodistas consultados de que deben existir procesos de autoregulación por parte de los medios y del propio gremio (87%). Esta afirmación se afianza en la idea de que se establezcan las mínimas condiciones para el manejo de informaciones que pueden ser sensibles, tanto para los periodistas como para las empresas de los medios de comunicación y la ciudadanía en general.
En el estudio destacan algunos temas como prioritarios para este proceso de autorregulación: moral pública, protección de la infancia, protección de fuentes, riesgos de acciones legales contra periodistas y medios de comunicación, seguridad nacional, violencia y criminalidad, entre otros.
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Como lo demuestran los análisis, las limitaciones y presiones que imponen actores estatales y no estatales son una forma de censura. La opacidad y la poca transparencia en las fuerzas de poder, dejan en evidencia el carácter poco saludable –en términos democráticos- de esta sociedad, en la que constantemente se niega a los ciudadanos, principalmente, el derecho a saber sobre asuntos de interés público.
Esta situación dificulta las posibilidades de escrutar los diversos sectores de la sociedad, como un ejercicio natural de contraloría y participación social. Por ello, podemos decir que a mayor opacidad, mayores son los riesgos y las desviaciones de la sociedad, por complicidad y corrupción.
La opacidad de la información de interés público es un mecanismo de censura, porque el interés de mantener ocultos los datos que debería conocer la colectividad, se vuelve orden y se institucionaliza, al punto que se torna natural.
Ésta es una práctica constante en instituciones estatales, que niegan información, según la opinión del 79% de los consultados. Esto quiere decir que, a 178 de los 225 periodistas y trabajadores de medios que participaron en el estudio, se les ha impedido el acceso a la información pública por parte del Estado. Esta misma situación persiste en instituciones privadas, de acuerdo a las indicaciones de 32% de las opiniones recorridas, y 11% determina la misma actuación en instituciones independientes.
Estos datos, además, se corresponden con la percepción que tienen los encuestados, quienes consideran el cierre de las fuentes de información pública como el principal obstáculos que enfrenta, actualmente, la labor periodística.
Limitaciones estatales
Desde el Estado, la negación de información pública se da, frecuentemente, en los ministerios y sus dependencias (59%); la Presidencia de la República (48%); los cuerpos de seguridad del Estado (47%). Estos tres actores, que aparecen en los más elevados índices de opacidad, justamente, dependen del poder ejecutivo. Es esta fuerza estatal y de gobierno que, precisamente, es señalada por los consultados como la que ejerce las mayores presiones y órdenes de censura. Entre tanto, en promedio, 36% de estas dependencias señala limitaciones con una frecuencia mediana y baja, mientras 23% indica que nunca ha encontrado impedimentos para acceder a la información pública, bien sea porque no ha realizado solicitudes o porque no se les ha negado este derecho.
Se refieren recurrentes limitaciones de acceso a la información de interés público en los órganos del poder judicial, es decir, tribunales locales y nacionales, los cuales acumulan 41%. El Tribunal Supremo de Justicia aparece como una institución que muy frecuentemente no ofrece información, en 34% de las opiniones que emitieron los que participaron en este estudio. En promedio, 29% indica haber tenido pocos y regulares obstáculos, y 31% refiere que nunca había tenido restricciones por parte de estos actores.
Con una alta frecuencia, también aparecen la Fiscalía de la República (38%), las instituciones de salud pública (35%), la Contraloría General de la República (32%), las gobernaciones y sus dependencias (32%), y la Asamblea Nacional (32%). Mientras que, con una frecuencia de limitaciones por debajo de 12%, los menores obstáculos se encuentran en las instituciones de educación universitaria, básica y diversificada, así como en las instancias del poder legislativo y ejecutivo regional, según la percepción de los consultados. Estos tres últimos actores, además, en promedio, nunca fueron consultados por el 38% de la muestra que se seleccionó para esta investigación.
Otro de los mecanismos que utilizan los actores estatales para limitar el acceso a la información pública son las negaciones de las credenciales, en algunas circunstancias que son necesarias para la cobertura de asuntos públicos. 37% de los encuestados afirma que se le ha presentado esta situación. Mientras que 28% tiene conocimiento de que el medio para el que labora también ha tenido dificultades para obtener las acreditaciones oficiales que le permitan difundir información de interés colectivo.
Limitaciones no estatales
Los periodistas y los trabajadores de medios, frecuentemente, encuentran impedimentos para acceder a información de interés público que dominan los grupos con preponderante poder económico, como lo son los proveedores privados de la industria petrolera e industrias básicas (28%), así como los bancos y otras instituciones financieras (24%).
Tanto las contratistas petroleras como las de las industrias básicas tienen importante cercanía con el poder estatal por la naturaleza de sus negociaciones. Mientras que la banca es eje fundamental en la economía del país, y de ella dependen negociaciones y transacciones de actores privados, independientes y estatales. Sacando un promedio de estos actores, 26% de los consultados aseveró que nunca había estado en esta situación.
Entre los actores no estatales, también aparecen con una alta frecuencia, en las limitaciones de acceso a la información pública, grupos paraestatales o paramilitares (27%), organizaciones de delincuencia organizada -relacionados a la criminalidad y la violencia- (27%), así como en grupos de manifestantes violentos (23%).
En cuanto al sector privado, aparecen con sucesivas obstrucciones a la información empresas de la industria de los sectores automotriz (19%), farmacia (15%), alimentos (11%), así como también empresas relacionadas con aduana e importación (18%).
Los menores obstáculos se encuentran en organizaciones religiosas, partidos políticos independientes, organizaciones sindicales, grupos de periodistas, organizaciones de vecinos, de la sociedad civil y gremiales.
Aunque estos actores corresponden a sectores privados e independientes, igualmente manejan información de interés para la toma de decisiones de los ciudadanos. Razón por la cual están en la obligación de respetar y cumplir con el derecho a saber, a difundir la información que tiene repercusión para el colectivo.
Mutaciones de la opacidad
A este panorama de opacidad hay que sumar otros incidentes que complejizan la situación, justifican las obstrucciones y revierten estas medidas mediante presiones que pueden derivar en censura. Este es el caso de las acciones que toman diversos actores con la finalidad de que los periodistas revelen sus fuentes de información, criminalizando la actividad informativa y contribuyendo a consolidar el mito de que informar es un delito.
Con bajos índices, los actores que ejercen mayores presiones para intentar que los periodistas revelen sus fuentes son los cuerpos de seguridad del Estado (12%), el partido político oficial (10%), los ministerios (8%), las alcaldías (7%), las gobernaciones y sus dependencias (5%). Entre los actores no estatales, aparecen las organizaciones sindicales (5%), los grupos de periodistas (4%), organizaciones comunitarias (4%), organizaciones gremiales (3%) y las empresas privadas (3%).
Los periodistas consultados perciben que son las empresas de los medio de comunicación, a través de sus representantes, las que mayormente ejercen presiones con la finalidad de persuadirlos y hacer que revelen sus fuentes de información. Este sector acumula 8% de las opiniones recabadas en la investigación.
La industria de medios de comunicación, en cierta medida, no cumple con los estándares mínimos del acceso a la información pública, en cuanto a transparencia y posibilidades de auditabilidad de sus funciones. Esto se evidencia al analizar que entre las preocupaciones que indicaron los consultados aparece el cambio de propiedad y gestión en los medios de comunicación. Podemos inferir, entonces, que esta situación da cuenta de unas transacciones que no han sido debidamente informadas tanto a los periodistas como a la ciudadanía en general.
El acceso a la información pública comprende un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas sobre las negociaciones y las gestiones de todas las instituciones que hacen vida en la sociedad.
Instrumentos de necesaria aprobación
Ante este panorama de opacidad, el Estudio 2014 Censura y Autocensura en periodistas y medios de comunicación en Venezuela revela que 209 periodistas de los 225 encuestados -es decir, 93%- piden la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Se puede entender que ésta es una herramienta jurídica que genera una base legal y estructural para el ejercicio del periodismo en el país, que permitiría mejorar los niveles de transparencia en la gestión de todos los actores públicos, a través los mecanismos de búsqueda de información, contraloría social y participación ciudadana.
A partir de estos datos, desde IPYS Venezuela interpretamos que en un panorama con diversas dificultades políticas, económicas y sociales, los periodistas perciben la garantía, protección y respeto del acceso a la información pública como una posibilidad para resolver las deficiencias coyunturales. Se afianza así la premisa: más acceso, más democracia.
Esta percepción de los periodistas se desprende del hecho de que Venezuela no cuenta con una ley orgánica de acceso a la información pública. Sin embargo, ha habido esfuerzos importantes por parte de la sociedad civil organizada, de los gobiernos locales y regionales por garantizar el derecho que tienen los ciudadanos a saber. Desde 2007 se han aprobado normativas y ordenanzas que promueven el acceso a la información pública, como una forma de impulsar una mayor transparencia en la gestión de los asuntos públicos. Estas experiencias se han aplicado en los estados Zulia (2010), Lara, Miranda (2009), Nueva Esparta (2009) y Anzoátegui (2007). Además, de los municipios Baruta y Los Salias, del estado Miranda (2007); Maneiro, estado Nueva Esparta (2009); San Diego, estado Carabobo (2011), entre otros.
Sin embargo, se han ejercido algunas medidas judiciales que van en contra de esta garantía. A espalda de estos avances entre la sociedad civil y gobiernos locales, en materia el acceso a la información pública -derecho consagrado en la Constitución Bolivariana de Venezuela- en agosto de 2014 la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante una sentencia, consideró que el ejercicio de este derecho “no puede ser abusivo”, y las diligencias de los ciudadanos no pueden estar destinadas a obstaculizar el funcionamiento de la administración pública.
“…si bien toda persona tiene derecho a dirigir peticiones a cualquier organismo público y a recibir respuesta en tiempo oportuno, no obstante el ejercicio de ese derecho no puede ser abusivo de tal manera que entorpezca el normal funcionamiento de la actividad administrativa” sentenció el TSJ, como respuesta a un recurso de amparo que solicitaron las ONG PROVEA, Espacio Público y Transparencia Venezuela.
Esta sentencia establece restricciones al ejercicio del derecho del ciudadano a ser informado y condiciona el ejercicio de esta garantía fundamental al uso que se le pretende dar a la información solicitada. Bajo estos argumentos, se obliga a las personas a explicar las razones por las cuales requiere la información. Estas limitaciones promueven la opacidad y la discrecionalidad de los funcionarios.
El acceso a la información pública es un derecho humano, estipulado en normativas internacionales y en la Constitución de la República de Venezuela, cuyo artículo 143 sostiene: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportunamente” por la administración pública-. Además, el artículo 57 expresa que “Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades”.
A la par de esta decisión jurídica, también se han creado otras instancias ejecutivas que, por decreto, dificultan el pleno ejercicio y respeto del derecho al acceso a la información pública. Entre ellas está la Brigada Especial contra las Actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia (BEGV) constituida el 26 de junio de 2014, de acuerdo al decreto 1.014 publicado en la Gaceta Oficial N°40.440. También el Centro Estratégico para la Seguridad y la Protección de la Patria (Cesppa), constituido en octubre de 2014, según la Gaceta Oficial N° 40.266. Los decretos de fundación de estas dependencias contienen disposiciones que estimulan la opacidad informativa y restringen el derecho de los ciudadanos a conocer asuntos que son de interés público.
ACCIONES DE DENUNCIA E IMPUNIDAD
Los obstáculos que interfieren la labor periodística, los riegos jurídicos y del contexto, así como las presiones internas y externas, expresas y tácitas que se revelan en esta investigación sobre la Censura y la Autocensura en periodistas y medios de Venezuela, aumentan las dificultades para el ejercicio de la labor informativa. Pero, además, promueven la impunidad.
Esta situación se evidencia cuando se analizan los datos sobre los mecanismos de denuncia que utilizan los periodistas ante cualquier incidente que afecte su labor. En un alto porcentaje, los participantes prefieren abstenerse de responder esta pregunta. Aproximadamente 20% de los encuestados se inhibió de responder cuáles habían sido sus mecanismos de denuncia.
De total de periodistas que participaron, 72% dijo que nunca ha formalizado las denuncias ante los organismos de justicia correspondientes cuando le han vulnerado las garantías de la libertad de expresión, mientras que solo 7% sí lo ha hecho. De total de la muestra del estudio, 8% dice que en algunas oportunidades sí lo hizo, y en otras no. Mientras que alrededor de 15% y 16% de los entrevistados prefiere hacerla ante los medios de comunicación y las ONG de derechos humanos, respectivamente. 21% de ellos utiliza otros canales no convencionales para solventar la situación.
CUENTAS POR SALDAR
Ante este panorama que se presenta en este estudio, IPYS Venezuela realiza exigencias puntuales, que significan un aporte para marcar un punto de partida para una reflexión que ha estado pendiente.
- El Estado debe garantizar las condiciones necesarias para que los periodistas y trabajadores de medios estatales, comunitarios, independientes y privados puedan ejercer su labor sin ningún tipo de riesgos, amenazas ni presiones.
- Los actores estatales y no estatales deben ajustar sus actuaciones a los estándares nacionales e internacionales de protección de la libertad de expresión que prohíben las presiones y mecanismos de censura, estructuras que solo sirven para prom