D. FERNÁNDEZ
En los últimos tres años 57 de las 67 cárceles que dependen del Estado han perdido un 2,6% de plantilla, aunque la población reclusa ha bajado un 5,6%.
En total se han perdido 1.006 funcionarios, a lo que hay que sumar las 954 plazas vacantes que no se puede cubrir por las restricciones penitenciarias.
Cinco prisiones abiertas tiene 26 módulos sin abrir, y otros cuatro centros, que han costado 1.100 millones, siguen esperando fecha de apertura
La crisis y la consecuente falta de oferta de empleo público no solo han mermado las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los recortes también han hecho mella en las prisiones españolas. Cárceles sin fecha de apertura, centros a medio gas, con muchos módulos cerrados, y una importante reducción de funcionarios, que se verá acrecentada a medio plazo por el envejecimiento de la plantilla. Los sindicatos califican la situación de "insostenible", aunque la disminución de la población reclusa ha paliado un poco el panorama.
Desde el año 2011 hasta junio de 2014, 57 de las 67 prisiones dependientes del Estado (sin contar las catalanas) han perdido funcionarios. Es decir, el 85% de los centros penitenciarios tienen menos vigilantes, facultativos (médicos) y técnicos (juristas o psicólogos). En 2011 había 24.375 efectivos. En junio de este año eran 23.738, una disminución del 2,6%, según una reciente respuesta parlamentaria. 637 funcionarios menos, que no han sido sustituidos. No obstante, esta pérdida de plantilla se ha visto paliada por la reducción de la población reclusa, 3.616 presos menos en el mismo periodo, un 5,9% menos (se ha pasado de 60.789 reclusos a 57.173). La reducción de efectivos es más importante si se suma el personal laboral y los funcionarios dependientes de organismo autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. En total, 1.006 funcionarios menos desde 2011.
Como pasa en la Policía Nacional y la Guardia Civil, en Instituciones Penitenciarias son más que los salen que los que entran. Solo en 2011 y 2012 (ho hay datos de 2013 y 2014) hubo 610 bajas (jubilaciones, excedencias, renuncias y fallecimientos) en la plantilla, cuando la oferta de empleo público en 2011, 2012, 2013 y 2014 ha sido solo de 174 plazas. En 2011 se sacaron 84 nuevas plazas, por ninguna en los años 2012 y 2013. En 2014 están previstas 90 plazas. "Teniendo en cuenta que un funcionario tarda 18 meses en formarse, hasta 2015 no estarán plenamente operativos los funcionarios que entren en 2014", explican desde el sindicato CSIF.
A esto hay que añadir el déficit que ya de por sí suma la plantilla de prisiones, el grado de cumplimiento de la relación de puestos de trabajo (los RTP). Es decir, los funcionarios que debería haber en cada puesto y los que realmente hay. El sindicato ACAIP afirma que se "ha quitado personal de los centros ya existentes para dotar de personal a los nuevos centros sin coste presupuestario". Así, desde 2011 unos 270 funcionarios han cambiado una prisión por otra (sin que fueran sustituidos en las plazas que dejaron), a lo que hay que sumar las 954 plazas vacantes (puestos que deberían estar cubiertos y no lo están). Sin olvidar el preocupante envejecimiento de la plantilla: el 33% de los funcionarios tiene entre 50 y 59 años. Y otro 3% entre 60 y 64 años, según los datos que maneja ACAIP. "De los 24.000 funcionarios que hay solo hay dos con 26 años, los más jóvenes de toda la plantilla", matizan desde CSIF.
El mejor ratio en diez años
Ángel Yuste, secretario general de Instituciones Penitenciarias, quitó hierro a la reducción de plantilla en su última comparecencia en el Congreso, argumentando que "la ratio de recluso por funcionario, es decir, el número de reclusos a los que atiende cada funcionario, fue de 2,33 en 2014, la mejor ratio de los últimos diez años y, desde luego, mucho más favorable de la que había en 2011, que era de 2,40 internos por funcionario".* Yuste reconoció, no obstante, que cada año "tenemos una jubilación en torno a 350 y 400 funcionarios" y que se ha hecho un esfuerzo en 2014 "al sacar 90 nuevas plazas cuando nos correspondían solo 31". Instituciones Penitenciarias aclaró que está intentando para los próximos años tener una tasa de reposición del 50% (sustituir a la mitad de las bajas).
Los sindicatos señalan que el retroceso de la población reclusa, que se ha producido, no justifica la reducción de plantilla, "ya que hay puestos unipersonales como en acceso, cocina o seguridad que no se pueden medir en ratios", aseguran en CSIF. Desde ACAIP explican que "los módulos de los centros penitenciarios denominados tipo están vigilados por dos funcionarios, en el mejor de los casos, para supervisar a 150 reclusos", y que la apertura de los nuevos centros se ha sustentado gracias a la oferta de empleo público que hubo en 2009, cuando se ofertaron 1.123 nuevas plazas.
La oferta de empleo público de 2009 (funcionarios operativos en 2010) sirvió para inaugurar en 2011 cinco prisiones (segunda fase de Arrecife, Las Palmas II, Murcia II, Menorca y Nanclares de Oca), dos CIS (Valladolid y Navalcarnero) y la Unida de Madres de Madrid. En 2012 solo se abrieron la prisión de Pamplona y el CIS de Pamplona. Desde entonces, cero aperturas, ya que se han ralentizado las obras en las nuevas prisiones de Archidona (Málaga), Ceuta, Soria y Levante II (en el municipio valenciano de Siete Aguas). Estas cuatro prisiones suman 3.300 celdas. ACAIP apuesta porque no se abra ningún nuevo centro hasta que no tenga plantilla para garantizar su seguridad y buen funcionamiento. "Las prisiones españolas son construcciones complejas. Sin uso, se deterioran. Así luego pasa como con la de Zuera (Zaragoza), que, enredada en un debate político, tardó cinco años en inaugurarse y cuando fue a abrir hubo que reparar parte del equipamiento".
Módulos cerrados
El sindicato ACAIP pone cinco ejemplos de prisiones mal abiertas. Nanclares de Oca (Álava) tiene 12 módulos (cinco están cerrados); Pamplona tiene 14 módulos (ocho están cerrados), Las Palmas II tiene 16 módulos (seis cerrados), Murcia II también tiene 16 módulos (con seis cerrados también), y Menorca tiene abierto su único módulo residencial, pero no el de aislamiento. Es decir, 26 módulos de cinco prisiones abiertas en los últimos cuatro años no están operativos. En cada módulo, de media, suelen estar unos 125 presos.
Mantener cerradas las nuevas prisiones, en las que se han invertido más de 1.100 millones de euros, no sale gratis. La cárcel de Archidona (Málaga), un recinto con 1.008 celdas, está terminada desde marzo de 2013. Costó 117 millones de euros e Instituciones Penitenciarias ha tenido que contratar a una empresa para su vigilancia y mantenimiento por 3,27 millones de euros. "No se puede determinar la fecha de apertura de esta prisión, que en todo caso no tendrá lugar en 2014", señalan desde Interior. Algo parecido ocurre en el Centro de Inserción Social (CIS) de Almería y en las unidades de madres de Alicante y de Tenerife, que suman una inversión superior a los 21 millones de euros. Están a la espera de su apertura. El módulo de madres de la prisión de Foncalent (Alicante), que costó 6,7 millones, está terminado desde hace un par de años. Tampoco hay fecha de apertura.**
Interior culpa a Gobiernos anteriores y señala que, con una coyuntura económica favorable, "se siguieron licitando nuevos centros penitenciarios, muchos con elementos de carácter suntuoso, del todo innecesarios para la finalidad de reeducación y reinserción social prevista en la Constitución. Sin que además se llevase a cabo previsión alguna respecto a su futura dotación de personal. Todo ello obligó a la revisión completa del plan de infraestructuras penitenciarias". Interior, además, destaca que la tasa de hacinamiento no es muy alta. El número total de celdas en establecimientos penitenciarios es de 47.601 (sumando celdas residenciales más celdas auxiliares), por lo que la tasa de ocupación es de 1,20 internos por celda (a datos de junio de 2014).