MÉXICO, DF.- El cumplimiento de las promesas del Presidente Enrique Peña Nieto está en riesgo sobre todo por el ajuste al gasto público de 124.3 millones de pesos (mdp) con que reaccionó este año el Gobierno mexicano al complicado entorno internacional y frente a su propia desaceleración económica.
De acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el crecimiento de México para 2015 será de 2.4 por ciento, una cifra que se sale del rango de 3.2 a 4.2 para este año que había puesto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Ello coloca varios nubarrones en la concreción de los compromisos peñistas.
Una de las dependencias más afectadas por los recortes es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a cargo de Gerardo Ruiz Esparza, en la que justo se concentra el mayor número de las promesas pronunciadas en campaña: 154 de las cuales, sólo ocho están cumplidas.
Aunado al freno en la Infraestructura, un ámbito que también presenta complicaciones es el de la Transparencia, la Rendición de Cuentas y el combate a la Corrupción. El compromiso número uno del listado peñista es la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, un órgano que de lograrse, carecerá de autonomía y margen de acción, según vislumbran especialistas.
La gestión de Enrique Peña Nieto fue ensombrecida por las revelaciones periodísticas del equipo de Noticias MVS y de The Wall Street Journal de propiedades multimillonarias adquiridas por él mismo y el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso. El Primer Mandatario se hizo de una casa de siete millones de dólares en la exclusiva colonia de las Lomas de Chapultepec y de otra en Ixtapan de la Sal, en el Estado de México. El Secretario compró otra en Malinalco, Estado de México. Las tres propiedades les fueron otorgadas mediante créditos blandos de los Grupos Higa y San Román, contratistas principales de la administración federal.
Envuelto su Gobierno en el escándalo, el Presidente nombró como Secretario de la Función Pública a Virgilio Andrade Martínez, un cargo que se había mantenido acéfalo durante 26 meses. Una de las tareas del nuevo encargado de la Rendición de Cuentas fue investigar si el Presidente y el Secretario de Hacienda habían incurrido en conflicto de interés. En el preámbulo del Tercer Informe de Gobierno ya hay resultados: ninguno de los funcionarios incurrió en ningún ilícito.
Para los especialistas, el hecho de que desde el Gobierno se investigaran probables actos de corrupción es un precedente que hunde las posibilidades de la creación de una comisión desconcentrada y capaz de penalizar las acciones corruptas de la burocracia mexicana de aquí en adelante.
Y mientras la corrupción continúa como enfermedad en las instancias gubernamentales sin que se encuentre el antídoto, al paisaje de la pobreza se añadieron dos millones de mexicanos. La medición bianual que realiza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (Coneval) reveló que el número de mexicanos en esa circunstancia pasó de 55.3 a 53.3.
Uno de los compromisos de Peña Nieto fue hacer más efectivo el programa Oportunidades, el cual cambió de nombre a Progresa el año pasado, durante el Segundo Informe de Gobierno. Pero, como está demostrado en la Historia de México, el cambio de nomenclatura no dio ningún resultado. El ritmo de crecimiento del problema aumentó de 250 mil personas en 2012 –cuando Peña Nieto tomó posesión– a un millón por año.
Con el mínimo de cumplimiento de sus promesas de campaña, el Presidente Enrique Peña Nieto arriba a su Tercer Informe de Gobierno y a la mitad de su gestión. La desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Superior Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, hecho ocurrido el 26 de septiembre de 2014, ensombrece los días de Gobierno federal. En Seguridad, el Presidente también se comprometió con nueve puntos. Uno de ellos fue brindar seguridad plena en Guerrero, ahí donde ocurrió la tragedia que descarriló su Gobierno y que todavía no encuentra ninguna luz.
INFRAESTRUCTURA: EL RIESGO DEL INCUMPLIMIENTO
La dependencia más afectada por el recorte al gasto público, por la caída del precio del petróleo fue la SCT, a cargo de Gerardo Ruiz Esparza. Y es a esta dependencia a la que le corresponde cumplir con el mayor número de los compromisos presidenciales formulados en campaña y firmados ante Notario Público: 104; de las cuales sólo registra 12 satisfechos.
Si en total, las Secretarías de Estado dejaron de recibir 124 mil 300 mdp, la SCT tuvo un ajuste a la baja en sus ingresos de 11 mil 820 mdp.
Los compromisos de Peña Nieto, en su mayoría, están enfocados en la construcción de megaproyectos que requieren dinero como carreteras, puertos logísticos y aéreos, así como ferroviarios. “México volverá a tener trenes de pasajeros”, anunció Enrique Peña Nieto antes de rendir protesta como Presidente de México. Pero a casi tres años de aquel discurso, los planes presidenciales han topado con la falta de inversión: se requieren 90 mil mdp, una cifra superior en 18 por ciento al de la SCT.
El recorte presupuestal afectó en gran medida a la construcción gubernamental. El proyecto del tren Transpeninsular Yucatán-Quintana Roo fue cancelado, mientras que el de alta velocidad México-Querétaro se pospuso pero sobre su proyecto está la amenaza de la falta de dinero.
Sergio García Martínez, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de México (ITESM), estima que este año [y el que viene] los compromisos en esta materia estarán en un impasse. Es el mismo análisis que hace Érica Peralta Báez, coordinadora del Área de Competitividad de la consultora Aregional, quien vislumbra recortes aun más fuertes para el próximo año. “2016 no será diferente”, exclama.
Tanto García Martínez como Peralta Báez piensan que el optimismo no cabe en este ámbito. Un ejemplo de ello es el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que sigue su curso, pero no será concluido hasta pasados varios años, incluso cuando la presente administración haya concluido. ¿Cuál es el obstáculo? Los especialistas coinciden en que la falta de confianza para la inversión privada frena la perspectiva del megaproyecto.
Pese a la desaceleración económica, el Gobierno peñista avanzó en la construcción de algunas autopistas, como la de Tuxpan y la Mazatlán-Durango, así como en el desarrollo de obras de libramientos y conexiones logísticas en El Bajío.
TRANSPARENCIA: SE ACABÓ LA ESPERANZA
Cuando no concluía su segundo año, el Gobierno de Enrique Peña Nieto se enfrentó a un escándalo de posible corrupción: el mismo Presidente y el Secretario de Hacienda y Crédito Público poseían mansiones de millones de dólares adquiridas con créditos blandos otorgados por el Grupo Higa y el Grupo San Román, contratistas de la administración federal.
El escándalo –revelado por los medios informativos Aristegui Noticias y The Wall Street Journal– fue encarado sin que el Gobierno federal hubiera creado la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) –compromiso que encabeza la lista firmada ante Notario Público– y cuando había dejado en el limbo lo que quedaba de la Secretaría de la Función Pública (SFP) con la eliminación del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Agobiada su credibilidad, el Presidente se vio orillado a nombrar en febrero de este año a Virgilio Andrade Martínez como titular de la SFP. Le dio el encargo prioritario de investigar si hubo conflicto de interés en la adjudicación directa de contratos de obra pública a Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, así como a Roberto San Román Dunne, del grupo que lleva su apellido.
La llegada de Andrade recibió un sinfín de críticas que argumentaban que un subordinado del Presidente no podría, ni se atrevería a realizar una investigación desinteresada. Además, se supo que el funcionario es amigo cercano de Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda, un vínculo que surgió en 1986, cuando ambos estudiaban en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Seis meses y medio después de su nombramiento, el Secretario de la Función Pública citó a los medios para informarles sobre los resultados de la investigación realizada. Ahí, anunció lo que para nadie fue sorpresa: la dependencia a su cargo había determinado que ni el Presidente de la República ni el Secretario de Hacienda incurrieron en ningún ilícito como tampoco en conflicto de interés.
Subsanado el affair de la Casa Blanca, el paisaje de la Transparencia y la Rendición de Cuentas volvió al limbo.
En mayo de 2015, el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAP), un ordenamiento de 216 artículos que considera como sujetos obligados a los Poderes de la Unión, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, sindicatos y cualquier persona física o moral que reciba recursos públicos o realice actos de autoridad.
El nuevo ordenamiento ordena un Sistema Nacional de Transparencia, incrementa la información que debe difundirse en los portales de Internet de los sujetos obligados y prohíbe la reserva de información en el caso de violaciones graves a derechos humanos.
Con todo, a casi tres años de tomar posesión, el Primer Mandatario no ha cumplido con la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, el primer compromiso de su lista firmada ante Notario Público en campaña. Y pese al impulso de la LGTAP, la nueva Legislatura debe aprobar la transformación de la SFP en Comisión Nacional Anticorrupción, conforme a la reforma a la Ley de la Administración Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013.
Los resultados que brindó Virgilio Andrade sobre el episodio conocido como “La Casa Blanca” hundió la expectativa de un órgano independiente y autónomo, según especialistas como Alejandro González y Ernesto Gómez Magaña de las organizaciones no gubernamentales, Gestión Social y Contraloría Ciudadana.
“Corrupción” es una de esas palabras que el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha pronunciado muy poco en lo que va de su mandato. El año pasado, en el mensaje alusivo de su Segundo Informe de Gobierno, un compendio de 9 mil 748 términos, la mencionó una sola vez. Dos semanas atrás, la noche del 19 de agosto de 2014, el Presidente expuso lo que pensaba de ese concepto. En el programa “Conversaciones a Fondo”, organizado por el Fondo de Cultura Económica, Denisse Mearker –una de los seis periodistas convocados– lo cuestionó sobre cuál era la estrategia para combatir ese mal en México. El Presidente sostuvo que la corrupción es un cáncer social y un tema cultural que no es exclusivo de México.
Tema estelar en el sexenio de Vicente Fox y asunto empantanado con Felipe Calderón, la Transparencia se marchita como política nacional. Bajo el título “Rendición de cuentas y combate a la corrupción”, el Presidente Enrique Peña Nieto le dedica sólo tres párrafos en su Plan Nacional de Desarrollo a este ámbito político que hace una década mantuvo a México a la vanguardia en Latinoamérica.
EDUCACIÓN: LA ETERNA CRISIS
Durante su campaña, Enrique Peña Nieto lanzó 17 compromisos en materia educativa, con los que pretendía realizar una serie de transformaciones de fondo al sistema de enseñanza nacional. Especialistas y académicos han calificado como “fallido” el sistema que recibió Peña Nieto y que funcionó durante varias décadas en México. Los más críticos sostienen que se heredó una estructura “simuladora, corrupta y mentirosa”.
Al inicio del sexenio, en diciembre de 2012, la adhesión de los tres principales partidos políticos al Pacto por México generó que por primera vez en décadas se alinearan los intereses de la política y la educación. Ello tuvo como consecuencia que pocos meses después, una mayoría significativa en el Congreso de la Unión aprobara la primera gran reforma del sexenio peñista: la educativa.
La reforma perseguía cuatro objetivos fundamentales: la recuperación de la rectoría del Estado, la profesionalización docente y el ejercicio transparente del gasto. También se pretendía ampliar la participación de padres de familia en la toma de decisiones.
En realidad no se trató de una concesión del Presidente Enrique Peña Nieto y de la clase política, sino de una necesidad que resultaba impostergable.
“Esta no es la reforma de Peña Nieto, es la reforma de un país. Porque Peña Nieto no hizo nada en el Estado de México y tampoco lo propuso en su campaña. Lo adoptó de la gente estudiosa del fenómeno educativo, entonces es una reforma de México a favor de su educación”, expresa para este observatorio, Claudio X. González, presidente de la asociación civil, Mexicanos Primero.
El Congreso aprobó una reforma al artículo tercero constitucional, reformó en su totalidad la Ley General de Educación y aprobó la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así como la General del Servicio Profesional Docente.
En el preámbulo del Tercer Informe de Gobierno del Presidente Peña, la reforma educativa es la que ha tenido más avances en su aplicación. Sin embargo, en términos generales, en materia educativa los pendientes todavía son muchos.
Al respecto, Claudio X. González, presidente de Mexicanos Primero, realizó una evaluación de los avances, los pendientes y las fallas de esta enmienda constitucional en cuanto a los cuatro objetivos que perseguía.
En primer lugar, respecto a la recuperación del Estado en la educación, se observa que en la mitad del sexenio, 30 de los 31 congresos estatales han homologado su legislación de acuerdo con los lineamientos federales. Sólo Oaxaca se ha resistido a la Reforma.
Desde 1992, dado un acuerdo con el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación nombró a los funcionarios, jefes de departamento y directivos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. En la práctica, era suyo. Ahora, no sólo ha perdido ese coto de poder. Los gobiernos estatal y federal decidieron “congelar” las cuentas bancarias donde los maestros depositaban sus cuotas, dinero bajo la administración de los dirigentes de la Coordinadora. La tensión continúa en Oaxaca. Y la disputa es por la Educación.
El Gobierno federal ha actuado con firmeza contra la disidencia magisterial que se resiste. El pasado 22 de julio apoyó al Gobierno de Gabino Cué Monteagudo a retomar el control del IEEPO.
Respecto a la profesionalización magisterial, como resultado de la reforma educativa en mayo de 2015 la Secretaría de Educación Pública [SEP] realizó el primer concurso para el ingreso al servicio profesional docente por el cual se asignaron las primeras 76 mil 500 plazas que no se vendieron, rentaron o heredaron.
Aunque reconoció el valor del concurso de estas 76 mil 500 plazas, el presidente de Mexicanos Primero, Claudio X. González, sostiene o que el problema es que decenas de miles de estas plazas se entregaron para acomodar a comisionados, aviadores, o a personas que tenían plaza administrativa y no de maestro, y que se debieron haber concursado y no se concursaron. “Y eso es un fallo”, dice.
“No sabemos cuántas, pero hay decenas de miles que se han entregado irregularmente, ilegalmente, y en eso ha influido la falta de pericia, la falta de aplicación, la falta de operatividad de la Secretaría de Educación Pública y del Servicio Profesional Docente. Y entonces eso te diluye el impacto de la reforma educativa”, afirma Claudio X. González.
Otro de los problemas y quizá el más grave en este renglón es que poco o nada se ha avanzado en la capacitación magisterial.
Respecto al gasto eficiente, el sexto compromiso de los 266 presentados en la campaña electoral de Peña, establece contar con escuelas dignas; es decir, planteles que tuvieran luz eléctrica, agua, baños, mobiliario, equipo e instalaciones en buen estado para las escuelas de todas las comunidades indígenas del país.
El compromiso número 45 de Peña Nieto plantea entregar laptops con internet a alumnos de escuelas públicas de quinto y sexto año de primaria. Tras una primera licitación de la SEP que fue un fracaso, diputados del ramo propusieron la entrega de tabletas en lugar de laptops.
La entrega se realizó en tiempo. Sin embargo, para el presidente de Mexicanos Primero, el uso de los recursos que se emplearon para comprar las tabletas pudo haberse invertido de mejor forma si se hubiera realizado en infraestructura escolar o en la profesionalización de los maestros.
ECONOMÍA: EL FRENAZO
Los compromisos en materia económica de la actual administración, están enfocados al cuidado de la economía familiar y a la generación de empleos. Sin embargo, dadas las condiciones actuales que pintan un escenario negativo, derivado de la caída en los precios del petróleo, la depreciación del peso y la continua corrección a la baja del estimado de crecimiento, tendrán fuertes repercusiones en esos dos rubros que Peña Nieto se comprometió a cuidar.
A dos años de haberse aprobado la reforma constitucional y a uno de que se pusieran en marcha las leyes secundarias, la Reforma Energética ha quedado muy lejos de sus objetivos principales.
Ya sea por la caída del precio internacional del petróleo o por el desinterés de los inversionistas extranjeros, lo cierto es que la apertura del sector energético no se ha reflejado en beneficios tangibles para los consumidores.
A pesar de una intensa campaña a través de spots televisivos para afirmar que han bajado las tarifas eléctricas, en los recibos de luz no se ven mejores precios para los mexicanos ni para las empresas nacionales.
Por si fuera poco, la Ronda Uno para licitar la explotación de campos petroleros, con la que el Gobierno mexicano pretendía hacer historia, fue un fracaso.
De los 14 bloques para exploración y extracción de hidrocarburos que ofertó la Comisión Nacional, sólo dos [el 2 y el 7] fueron adjudicados a la empresa mexicana Sierra Oil & Gas, que participó en consorcio con Talos Energy LLC y Premier Oil PLC.
“En materia energética va muy atrasado el proceso de licitaciones, y la verdad es que dejan mucho que desear”, afirma el doctor Arturo Alvarado, del Colmex.
Para la doctora María Fonseca Paredes, directora de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, la errada política económica de México se ha visto afectada por el factor de la desconfianza de la ciudadanía con el Gobierno actual, que por otro lado, no ha sabido dar explicaciones a los “ciudadanos de a pie” sobre las consecuencias económicas que se harán visibles en los próximos cuatro o cinco años.
De los seis compromisos de Peña Nieto, el único que se ha concretado es el de la creación del Consejo Nacional Consultivo Empresarial para el Crecimiento Económico y el Empleo en México; el seguro de desempleo sólo funciona en algunos programas estatales y municipales; tampoco se ha concluido la construcción del Centro Nacional de Innovación y Moda para las Industrias Textil y del Vestido en Hidalgo, ni el Centro de Exposiciones para textileros de Guanajuato, ni la tecnificación y equipamiento de 30 mil hectáreas de campo en Yucatán.
Aumentar los salarios, detener el alza en los precios de alimentos básicos, bajar el precio de la luz, útiles escolares gratuitos, becas de transporte a estudiantes, vales de medicinas, seguro de vida para jefas de familia, pensión universal para adultos mayores, apoyos para ampliación y adecuación de la vivienda, y la continuidad de programas como Oportunidades y Seguro Popular, fueron los 10 compromisos con la economía familiar de Peña Nieto, que en 2012 tuvieron mucho eco.
Sin embargo, encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), demuestran un cumplimiento débil de esos compromisos: 63.8 millones de mexicanos viven actualmente en pobreza por ingresos, es decir, es la población que se tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar, más otros 8.5 millones que son vulnerables a la pobreza, también por el factor del ingreso.
“Peña Nieto nos sigue quedando a deber. Las cifras que tenemos nos muestran un escenario de constantes movimientos en las perspectivas y siempre quedamos de la mitad de la tabla para abajo. El dólar está casi en 17.50 pesos; puede adjudicarse al desplome de la bolsa en China y otras latitudes, pero en México en comparación con lo que sucedió en 2009, año de una crisis global, se tuvo un mayor grado de confianza, y hoy no sabemos qué pasará […]No sólo hay una economía interna que no se mueve, que muestra parálisis en muchos sectores, el problema es que no se está pensando a futuro, porque en cuatro o cinco años la deuda pública se hará sentir”, sostiene Fonseca Paredes.
En la tercera semana de agosto, la SHCP redujo la expectativa de crecimiento económico para 2015, del rango de entre 2.2 y 3.2 por ciento a entre 2 y 2.8 por ciento.
La especialista concluye que en ninguna de las grandes acciones se han registrado avances, ni siquiera significativos, “los indicadores no tienen mejoras. No hay progreso en el acceso a los servicios o cosas que permitan tener un mejor nivel de vida; los indicadores económicos muestran que no hay un avance simétrico en sueldos y salarios, con respecto al nivel de vida; no se generan los empleos necesarios, los servicios básicos no son de calidad; y no hay una política adecuada para atender el trabajo informal.
“Las reformas se van a concretar pero sin los alcances que se prometieron al inicio […] El momento para hacer las cosas en estos tres primeros años se dejó pasar, porque se pudieron hacer desde el primer día de Gobierno, pero hubo pretextos para el primer año, hubo más para el segundo, y así estamos en el tercero”, dice la investigadora.
POLÍTICA: ¿SE REDUCIRÁ EL NÚMERO DE DIPUTADOS?
El tercer año de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto se ha caracterizado por una desilusión generalizada en materia política, después del buen inicio de su administración tras la firma del Pacto por México que permitió alcanzar los acuerdos necesarios para aprobar ocho reformas constitucionales, las llamadas “reformas estructurales”.
En materia política, los compromisos de campaña del Presidente Peña Nieto no fueron muchos ni tampoco espectaculares. Se trata de apenas cinco puntos en un universo de 266 compromisos cuyo cumplimiento no muestra avance.
Peña se comprometió a promover la eliminación de 100 diputados federales, los seleccionados por la vía de representación proporcional, mejor conocidos como plurinominales.
Este tema quedó completamente rechazado y olvidado del panorama nacional, luego de que el pasado 7 de junio se efectuaron los comicios para elegir a los 500 diputados federales que integrarán la LXIII Legislatura a instalarse hoy 1 de septiembre y fue el Instituto Nacional Electoral el organismo que determinó cuántas de las 200 curules plurinominales disponibles le corresponderá a cada grupo parlamentario.
El Congreso aprobó entre 2013 y 2014 la reforma política-electoral en la Constitución y en sus leyes secundarias, y se “olvidó” de incluir alguna iniciativa para eliminar a los llamados diputados y senadores “pluris”.
Para lavar un poco la cara de la propuesta incumplida, el Partido Revolucionario Institucional [PRI] presentó como propuesta para ejercer la consulta popular el día de la elección federal una pregunta sobre la reducción de las diputaciones plurinominales.
La pregunta era: “¿Estás de acuerdo con que se modifique la Constitución para que se eliminen 100 de las 200 diputaciones federales plurinominales y las 32 senadurías plurinominales?”.
A pesar de que el PRI presumió el respaldo más grande a su propuesta de consulta ciudadana, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN] declaró inconstitucional la pregunta.
Sobre el tema, el politólogo Arturo Alvarado explicó que la integración completa de 500 diputados federales y de 128 senadores, beneficia en gran medida al PRI y sus aliados políticos, el Verde Ecologista de México [PVEM] y Nueva Alianza [Panal].
“La coalición electoral que construyó el PRI tenía una estrategia muy clara, como sabían que no podían tener mayoría en el Congreso, utilizaron al PVEM y a Nueva Alianza para construir una coalición legislativa”, expresa el especialista del Colegio de México (Colmex).
Gracias a su apoyo incondicional y con el propósito de mantener una mayoría en la Cámara de Diputados, el Verde pudo gozar de impunidad en todos los actos ilegales e irregulares en los que incurrió durante el pasado proceso electoral, con el objetivo de ganar votos.
“Por ese trabajo le permitieron y lo protegieron para quebrantar la ley electoral, porque gracias a eso ahora tienen una mayoría en el Congreso, que el PRI por sí solo no lo podría lograr”, externa Arturo Alvarado.
SEGURIDAD: EL PROLONGADO SILENCIO
Descarrilado su Gobierno por desaparición forzada de 43 normalistas de la Escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, en diciembre de 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó un plan de diez puntos para cimentar el Estado de Derecho como si se tratara de su primer día de Gobierno.
Para expertos en este ámbito, estas medidas anunciadas sólo develaron la falta de política pública en materia de seguridad. Édgar Cortez, coordinador del área de Seguridad Ciudadana y Justicia del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), piensa que si el Presidente guardaba silencio respecto a la Seguridad era porque intentaba desvincularse por completo de la estrategia calderonista. Pero ahora, su plan de 10 tácticas, lo vincula de manera estrecha con ese pasado de combate al crimen organizado que causó un trauma social en los mexicanos.
Pero, como si se tratara de una estructura porosa, Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, el mayor narcotraficante de México, se fugó del penal de El Altiplano del Estado de México el pasado julio. La Comisión Nacional de Seguridad, en ese entonces a cargo de Monte Alejandro Rubido [hoy Renato Sales es el encargado] informó que la fuga ocurrió de madrugada, por un túnel de 1.5 metros. Pero la versión extraoficial indicó que “El Chapo” recibió ayuda institucional.
En paralelo a la espectacular fuga, los muertos se acumulan. Los recuentos independientes revelan que la matanza en México continúa. En todos los gremios y territorios. En lo que va del sexenio, han sido asesinados, alcaldes, activistas y líderes de las formadas autodefensas en Michoacán. El fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Dominique Vera se encontraron entre cinco cadáveres hallados en un departamento de la colonia Narvarte del Distrito Federal la tarde del sábado 1 de agosto, un multihomicidio que aún no ha sido esclarecido y mantiene conmovida a la sociedad. Rubén y Nadia habían denunciado persecución política por parte del Gobierno de Javier Duarte Ochoa, de Veracruz.
Una pregunta sigue latiendo: ¿Por qué Enrique Peña Nieto no habla de ellos, de los muertos? La política de silencio que decidió tener desde el principio de su Gobierno continúa inquebrantable. Al investigador de Seguridad Nacional, Pablo Monzalvo, de la Universidad Iberoamericana le parece que ello se debe a que el Presidente aún no cuenta con una base de datos confiable al respecto.
En cuanto a sus compromisos firmados ante Notario Público en Seguridad, el cumplimiento es nulo. El marcado con el 68 está basado en la seguridad de los habitantes de Guerrero, la entidad donde los normalistas continúan desaparecidos y no hay visos de justicia.
Para el profesor investigador Martín Barrón, Peña Nieto tuvo la oportunidad de crear un plan transexenal y no lo hizo. Explica que en los últimos 20 años se han anunciado: el sistema de seguridad pública, en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León; la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Policía Federal Preventiva [PFP], con la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública con Vicente Fox Quesada; luego, la eliminación del carácter preventivo de ésta y su crecimiento de seis mil efectivos a 35 mil en el sexenio de Felipe Calderón. Al llegar el nuevo Gobierno, el de Peña Nieto, se desapareció la Secretaría de Seguridad Pública y sus elementos pasaron a depender de la Secretaría de Gobernación”. En ese mismo cambio, agrega el profesor-investigador, el Presidente creó por decreto la Gendarmería, que apenas tiene cinco mil efectivos y ya ha costado casi 4 mil millones de pesos en menos de un año.
En tanto, el tiempo corre en contra para el cumplimiento del plazo de ley para que el nuevo sistema penal acusatorio opere en toro el territorio, 20 entidades está por debajo de 60 por ciento en su instalación. El caso más extremo es Sonora. Sólo Chihuahua lo aplica por completo y cerca de la meta están el Estado de México, Morelos, Yucatán y Nuevo León.
CAMPO Y SOCIEDAD: LAS MIGAJAS
Alcance local o ambigüedad. Esas características limitan el monitoreo del cumplimiento de los 17 compromisos que el Presidente Enrique Peña Nieto hizo en este ámbito.
De ser cumplidos, tres tendrían un impacto a nivel nacional: el incremento de la producción agropecuaria nacional, la creación de un seguro agropecuario para el combate a la sequía y la erradicación de la pobreza alimentaria.
El primero de ellos se ha cumplido, pero gracias a que las condiciones climáticas han sido favorables para la producción agrícola, de acuerdo con el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec), Víctor Suárez.
Sobre el segundo, en el Primer Informe de Gobierno de Peña Nieto se indicó que se habían cubierto 12.1 millones de hectáreas en un esquema de aseguramiento catastrófico, lo que daba por cumplido este compromiso aun cuando no se hubiera creado un seguro específico, como era la promesa.
Pero el tercer compromiso de dimensión nacional –la erradicación de la pobreza alimentaria– no sólo no se ha cumplido, sino que los últimos datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) muestran que la cantidad de personas en pobreza alimentaria aumentó de 27 millones 400 mil en 2012 a 28 millones en 2014.
Los datos del Coneval, dados a conocer en agosto, también señalaron que el número de personas en pobreza aumentó de 53.3 millones a 55.3 millones, de los cuales 11.4 están en situación de pobreza extrema alimentaria. Sin embargo, la Cruzada Nacional contra el Hambre –programa emblema del Gobierno federal para atender precisamente ese problema– sólo atiende a 7 millones de esos pobres extremos alimentarios.
Lo anterior no es únicamente el incumplimiento de uno de los compromisos del Presidente, sino que en ello subyace una política pública del sector agropecuario errónea, a decir de Suárez.
Se trata de una política que ha privilegiado a una minoría de grandes corporaciones agroalimentarias, como Bimbo, Bachoco, Lala, Maseca, Monsanto, SuKarne y Nestlé, que concentran el 70 por ciento del presupuesto para el campo, detalla el director de la ANEC. En contraste, el 85 por ciento de los pequeños y medianos productores, dice, han permanecido desatendidos por el Gobierno. Los programas que existen para ellos funcionan con un enfoque “asistencialista” y de control político y no para impulsar su desarrollo.
Una consecuencia de este modelo, continúa Suárez, es que México no consigue su autonomía alimentaria y los productores han perdido rentabilidad en su trabajo. Y ambas situaciones, a su vez, provocan que persista la pobreza y la desigualdad en el campo.
“No hay un plan estratégico de largo plazo para la suficiencia alimentaria, para el ordenamiento de la producción y los mercados, para poner en el centro a los pequeños productores que 30 años han estado olvidados y solamente han sido considerados como pobres y atendidos con programas asistencialistas”, considera.
Con él coincide Alfonso Ramírez, presidente de la organización campesina El Barzón, quien calificó lo que va de la administración actual como “un trienio perdido”, debido al deficiente crecimiento económico que ha tenido el país. En lo que compete al campo, Ramírez expresa que ha habido una inercia absoluta, agravada ahora por la devaluación que ha tenido el peso frente al dólar, que repercutirá en una reducción de las importaciones. Dada la dependencia alimentaria que el país mantiene, advierte, esa situación resultará perjudicial para el país, especialmente a los consumidores de proteínas animales, la mayoría de las cuales son importadas.
Sin embargo, Suárez señala que una consecuencia positiva de la devaluación de la moneda es el abaratamiento de los productos nacionales frente a los de Estados Unidos, lo que los hace más atractivos en el mercado en detrimento de las importaciones.
Ese escenario, dice, debería ser aprovechado por las autoridades para implementar un modelo de sustitución de importaciones de alimentos y de insumos que permitiera revertir las condiciones actuales del campo.
Pero ello requiere la voluntad para diseñar una política distinta a la que se ha mantenido por 30 años y que sólo ha favorecido a unos cuantos grandes grupos, expresa.
Otro reto que existe para el Campo es la siembra de maíz transgénico en el país, comenta Suárez. Apenas el pasado 20 de agosto, el Juez Décimo de Distrito en Materia Civil revocó la suspensión promovida por un grupo de organizaciones civiles para frenar dicha práctica, al considerarla un riesgo para la biodiversidad de los maíces mexicanos.
En ese sentido, Suárez señala que el aumento de la producción que se ha tenido debe verse también como un éxito de los cultivos libres de agentes genéticamente modificados, lo que evidenciaría que no se necesitan transgénicos para aumentar la producción.
Condiciones adecuadas y una masificación efectiva de los créditos a los pequeños productores podrían cambiar el panorama actual e impulsar la producción agrícola en el país, expone.
Y eso, a su vez, permitiría lograr en el largo plazo una suficiencia alimentaria que mitigara la carencia de alimento y la desigualdad derivada de ésta.
Pero por ahora esa posibilidad se avizora poco viable, considera Ramírez, pues el Gobierno ha mostrado más bien “un desprecio absoluto” por el campo, dice. En ese sentido, el panorama que viene es poco alentador.
SALUD: EL DESMANTELAMIENTO
En el sector Salud, el Presidente Enrique Peña Nieto signó 21 compromisos durante su campaña electoral, todos de alcance regional y todos también referentes a la construcción de infraestructura hospitalaria. A medio sexenio ha cumplido con cuatro y hay seis más que están en proceso, pues son proyectos de hospitales a los que ya les fueron asignados recursos o están en etapa de licitación o construcción.
Lo anterior bien podría significar un balance positivo para el Presidente; sin embargo, en opinión de Gustavo Leal Fernández, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, esos esfuerzos son insuficientes si no se acompañan de un plan estratégico para mejorar el servicio de atención a la salud en el país. Y en ese sentido, considera, el Gobierno Federal no ha avanzado en estos tres años.
Por el contrario, refiere el investigador de la UAM-Xochimilco, la agenda de Salud no ha progresado en lo que se planteó como su eje principal: la reforma al sistema de salud.
A diferencia de las otras reformas estructurales que el Presidente apuntaló en el primer año de su Gobierno, ésta no ha logrado avanzar, en gran medida por el rechazo que ha tenido la propuesta de incorporar todos los sistemas en uno universal, pero conforme con un esquema de paquetes de cobertura, además de permitir la participación del sector privado.
Leal Fernández considera que el fracaso que ha tenido esa reforma se debe, precisamente, a que va en contra de los intereses de la ciudadanía. Al mismo tiempo, dice, la intención de llevar avante esa propuesta evidencia lo alejado que está el gobierno actual de las necesidades reales que tiene el sector.
“La ausencia de una reforma a la Salud sólo muestra que no tenían idea al presentar como agenda sexenal y de modernización esto que presentaron, y olvidaron lo que pide realmente el país”, afirma.
Tales exigencias, dice, son básicamente dos: que se mejoren los servicios de Salud y se amplíe la intervención del Estado en el sector para cubrir y atender los padecimientos que hoy enferman a los mexicanos.
“Este equipo inventó un país e inventó una agenda para la Salud que no tiene nada que ver con lo que el país requiere, y que se tiene que empezar de cero, y eso implicaría escuchar las dos demandas ciudadanas, a las que se agregan las de los profesionales de la salud”, agrega.
Pero el cumplimiento de dichas demandas implicaría, por principio de cuentas, la disponibilidad de los recursos presupuestales necesarios. Y en ese sentido, el Gobierno federal también ha mostrado que avanza en una dirección opuesta, pues para este año se destinaron 134 mil 847 millones de pesos como presupuesto para el sector Salud, apenas un 0.1 por ciento más, en términos reales, que el año anterior.
Al mismo tiempo, el ramo presupuestario del sector tuvo un recorte de tres mil 339 millones de pesos, como parte de las reducciones que la SHCP anunció a principios de año.
En contraste, mientras al sector Salud se le recortaron esos recursos, a los partidos políticos se les asignó 2.5 por ciento más que el año pasado, como refirió en julio pasado la reportera Daniela Barragán, de este medio digital.
De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el gasto que México destina al sector Salud está muy por debajo del promedio que los países más desarrollados gastan en este rubro.
Sumado a la falta de recursos persiste un problema de desigualdad en el acceso a los servicios de salud, reflejado por la falta de un sistema de seguridad social y por el gasto que las personas tienen que hacer para acceder a dichos servicios.
El documento “Desempeño y Reformas del Sistema Mexicano de Salud”, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), señala que en México la mitad del gasto en este sector proviene del bolsillo de las personas, en contraste con la mayoría de los países miembros de la organización que cuentan con una cobertura universal o casi universal y el gasto directo del paciente es menor al 20 por ciento.
Según datos del Banco Mundial, en 2012 el 91.5 por ciento del total del gasto privado en salud en México fue desembolsado por el paciente, lo que incluyó pagos a médicos, proveedores de fármacos, dispositivos terapéuticos, entre otras inversiones.
A ello se añade el desabasto de medicamentos en el sector público. Se estima que los pacientes de instituciones públicas de salud destinan 33.6 de su gasto a la compra de medicina que no surten las farmacias del sector público.
Sin embargo, un aspecto que ha mostrado cierta mejoría es el acceso a los servicios de salud, destaca Enrique Cárdenas Sánchez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias e integrante del núcleo coordinador de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, conforme con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
De acuerdo con los datos más recientes del Consejo sobre medición de la pobreza, la carencia por acceso a los servicios de salud se redujo de 21.5 a 18.2 por ciento entre 2012 y 2014.
No obstante, señala Cárdenas Sánchez, el acceso debe ser consistente con un sistema integral de salud, mismo que sigue siendo materia pendiente.
MICRONEGOCIOS: PALABRAS DE PAPEL
Este es el sector que genera el 81 por ciento del empleo en México y contribuye con el 52 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. De acuerdo con los expertos, representa el 89 por ciento de la industria mexicana. Su financiamiento está basado en proveedores, pero el acceso al crédito financiero aún es limitado.
El Presidente Enrique Peña Nieto prometió impulsar a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES), pero en tres años, el propósito fue cumplido a medias.
Raymundo Tenorio Aguilar, director de las carreras de Economía de la Escuela de Negocios del ITESM, campus Santa Fe, explica que el compromiso 28 –corazón del impulso a los micronegocios– que implica la creación del Instituto Nacional del Emprendedor para el Crédito, Formación y Capacitación de los Emprendedores, ha resultado insuficiente. Hacen falta programas de capacitación, entrenamiento, de modelo de negocio y articulación con las cadenas productivas locales.
El experto abunda: el Gobierno federal facilita apoyos como la utilización de tecnologías basadas en tabletas y smartphones a través de las centrales empresariales.
De acuerdo con el compromiso 67, el Gobierno planeó un fondo de 1,000 millones de pesos anuales, con créditos blandos y programas de apoyo concurrentes que permitan a las MiPyMES incorporar Tecnologías de la Información y Comunicaciones en sus procesos. En efecto, el dinero está disponible. Pero Tenorio Aguilar acota que es en el Distrito Federal donde más se ha ejercido con gran distancia de lo que ocurre en entidades con polos de desarrollo importantes como Nuevo León y Jalisco.
Además, cuando los fondos se reparten en el universo de más de cuatro millones y medio de establecimientos, resultan mínimos. “No tenemos un Instituto Nacional del Emprendedor con recursos ah doc. Fue creado con la mejor de las intenciones, hay gente muy inteligente y preparada, pero con una escasez de recursos tremenda”, dice Tenorio Aguilar.
“El área de oportunidad del Instituto es que su focalización sea para impulsar cadenas de abastecimiento del mercado interior. Se ha dejado de lado y ha faltado la creatividad en las formas en las que se puede impulsar desde el proveedor del tornillo, hasta el mueblero”, explica.
Como antes, la capacitación se convirtió en la gran ausencia. Héctor Valencia, especialista en Finanzas corporativas del Crédito y Administración de Capital de trabajo de la Escuela Bancaria y Comercial [EBC] expone que hay un avance en el financiamiento, pero no está un programa integral de aprendizaje para el pequeño empresario. “Es lo que hace falta, capacitación en términos de administración de empresas. Debe ser el Gobierno y también la iniciativa privada. Hay cursos en las universidades que no son caros, pero hay que concientizar al empresario porque el sector es muy importante en México”, explica.
Hace dos años Jorge Villalobos Grzybowicz, presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía, dijo: “Hace falta aún una política de estímulo para en todas las áreas estatales, federales y municipales”.
El panorama, en palabras de este empresario, era este:
“La creación de empleos ocurre en las PyMES. La mayor parte de ellas la integran empresas familiares. Son proveedoras de otras empresas o de los gobiernos y en general, tanto gobiernos como empresas establecen como criterio de selección, el precio. Muchas veces una mipyme con tal de ganar el concurso sacrifica prestaciones sociales a sus trabajadores para ganar el contrato. Esto genera un círculo vicioso porque entonces, no se protege con las leyes laborales a las personas que producen bienes y servicios”.
Este círculo vicioso no ha sido roto en el Gobierno peñista.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA: NADA CUMPLIDO
En abril pasado, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, aseguró que su Gobierno seguiría con una apuesta en la economía del conocimiento. Para avalar sus palabras mencionó el compromiso de incrementar año con año el presupuesto a la ciencia, tecnología e innovación hasta llegar en 2018 al 1 por ciento del PIB.
Si bien el presupuesto en este ámbito creció en lo que va del sexenio, de los cuatro compromisos ni uno solo está cumplido. Dos están enfocados a cerrar la brecha digital en México, una Agenda Nacional Digital y con ello la inclusión de la población en una banda ancha y a las tecnologías de la información. Los otros están relacionados con la creación de centros regionales.
Si bien la Estrategia Digital Nacional fue presentada en 2013, este observatorio considera que el proyecto aún no está completo. Otra iniciativa es México Conectado, un programa que intenta dar banda ancha y redes de telecomunicaciones en espacios públicos como escuelas, bibliotecas, centros de salud, entre otros, lo cual tampoco está listo.
La desaceleración en el crecimiento de nuevos internautas en México y un mercado de telecomunicaciones aún impedido para llevar conectividad a lugares aislados de los centros urbanos, ponen en evidencia la falta de efectividad de estos proyectos presidenciales.
Para Rubén Darío Vázquez, profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Iberoamericana, el problema radica en que el Estado sólo tiene “una buena intención” basada en “números ciegos”, pero en realidad no existe un plan de acción que considere infraestructura, marcos legales, seguridad en las redes, programas de alfabetización o beneficios para las empresas. Respecto a la Agenda Nacional Digital, dice: “Su función es más de una consultora digital, y con su presupuesto apenas si sobrevive, no genera información y en realidad no hay participación”.
Y sobre todo, para el investigador, no están claros los cómos.
“Se habla que se abrieron 60 mil aulas pero no sabemos cómo impacta, si es mucho o si es poco; se habla de hacer más competitivo al sector el empresarial, pero no nos dicen cómo, si acaso la Secretaría de Hacienda dará beneficios fiscales a esas empresas; o se habla de la alfabetización pero no se dice cómo se hará; o si les dan computadoras a los estudiantes, pero no se sabe cuál es su comportamiento en la red. No hay nada claro. Hay leyes y hay proyectos, pero son papeles”.
El crecimiento de los mexicanos con acceso a Internet es menor que hace seis años, aunque hoy existen 53.9 millones de personas que pueden consultar la red, según de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI). “Los usuarios estamos construyendo la red y nada de lo que se está haciendo tiene que ver con un mandato gubernamental”, refiere Rubén Darío Vázquez.
Otro de los compromisos que sigue sin cumplirse es la creación del Centro Nacional de Tecnología Aeronáutica (CENTA) de Querétaro, cuya edificación se inició en 2013 con una inversión inicial de 120 millones de pesos. De acuerdo con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) el CENTA abrirá sus puertas para inicios de 2016.
DEPORTE: EL EMPOLVADO SECTOR
El Gobierno Federal no cuenta con una base de datos que indique el número de espacios deportivos en la República. Pese a la carencia, en 2012 Enrique Peña Nieto se comprometió a construir unidades para el deporte así como transformar al país en una potencia en la materia.
Sumado a ello aseguró que apoyaría a atletas de alto rendimiento y que impulsaría programas para la formación de entrenadores y técnicos de mayor nivel. Ello no ha ocurrido debido a un limitado presupuesto para la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) que en 2015 tuvo el recurso más bajo en seis años, de 3 mil 600 millones. A esos números se le restan las deudas por becas, salarios, entre otros.
De acuerdo con Samuel Martínez López, miembro de la Red de Investigadores del Deporte y catedrático de la Universidad Iberoamericana no hay avances de fondo en el deporte mexicano porque éste es excluido cuando se trata de inversión. “Sólo funciona en el discurso político cuando existen logros, medallas o se relaciona con el sector salud”, aseveró.
Para el investigador durante este sexenio no se ha realizado infraestructura, fuera de los espacios que se construyeron y remodelaron para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 y los Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe celebrados en Yucatán [el cual fue un compromiso de campaña para las justas de noviembre de este año].
A pesar de que el Presidente se comprometió con el apoyo a atletas y la realización de certámenes internacionales, nada de ello ha ocurrido, expone Martínez López. Las pocas iniciativas, dice, son “cosméticas”.
El experto sostiene que en el deporte de alto rendimiento no puede haber buenos resultados cuando las instituciones, federaciones y asociaciones atienden otros intereses y son lideradas por personas que no cuentan con el perfil o que llegan al cargo por criterios políticos. Ejemplo de ello, comenta Martínez López, es el propio titular de la CONADE, Alfredo Castillo Cervantes, quien hasta hace unos meses era el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán.
“Así de serio es el problema. No necesariamente quien está al frente tiene que haber sido atleta, como fue el caso del anterior titular, eso no es garantía que se hagan bien las cosas, pero debe estar alguien que sepa de deporte, que esté informado y que sepa de políticas públicas”, opina el catedrático.
A la mitad del gobierno actual no hay avances en la materia muy a pesar de los 10 compromisos que Peña Nieto hizo en campaña. Mucho menos en lo que va del tercer año de gestión, donde “no se han visto movimientos, y eso es preocupante porque el próximo año hay juegos olímpicos”, refiere Samuel Martínez.
MEDIO AMBIENTE: EL RIESGO DE LA REFORMA ENERGÉTICA
Del total de compromisos de Peña Nieto, sólo dos están enfocados a programas de reforestación y preservación. Y tal política de sustentabilidad está dirigida a puntos de sólo dos entidades: el Distrito Federal y Morelos.
Los objetivos fueron un programa de recuperación de áreas verdes del Distrito Federal que incluye el Bosque de Aragón, la zona de chinampas de Xochimilco, el Parque Ecológico Huayamilpas y el Río Magdalena.
El Gobierno Federal sólo ha participado en lo que se refiere a la zona de Xochimilco; el Gobierno del Distrito Federal realizó acciones en el Bosque de Aragón, pero Huayamilpas y Río Magdalena, parece que quedaron en el olvido.
Otro de los compromisos fue sanear el Lago de Tequesquitengo y reforestar la zona, pero a la fecha no se ha iniciado el proyecto.
Datos del Inegi señalan que la superficie de bosques y selvas en el país, pasó de 35.3 a 33.8 por ciento entre 1993 y 2011, lo que significa la pérdida de 1.5 por ciento de estos ecosistemas.
De acuerdo con la organización Greenpeace, las principales causas de esta situación son la deforestación y la conversión de bosques para destinarlos a la agricultura y ganadería, “promovida por las propias políticas de Gobierno que han sido inadecuadas e insuficientes”.
La tasa de deforestación en nuestro país se mantiene en cerca de medio millón de hectáreas al año, de acuerdo con datos de la UNAM. México ocupa el tercer lugar de entre los países con mayor biodiversidad del planeta, su territorio es hogar de una gran diversidad de reptiles, mamíferos, aves, peces, anfibios, invertebrados y plantas.
Durante estos tres años, en diferentes eventos se han promulgado programas de preservación y posicionamientos presidenciales que muestran el interés por el cuidado de las áreas verdes. La ocasión más reciente en que lo mencionó fue en su última visita a Francia, donde refrendó los acuerdos de la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático, para reducir las emisiones de dióxido de carbono.
Desde 2013, creó la Comisión de Calidad Ambiental que se puso como objetivo el transitar hacia una economía baja en carbono para que el país pudiera depender menos de combustibles fósiles.
Sin embargo, a pesar de la expansión de la energía eólica en el país, los índices de extracción de hidrocarburos no han disminuido.
Greenpeace ha señalado en diferentes ocasiones que el modelo que ha predominado durante la administración es el saqueo de los recursos naturales nacionales, lo que ha representado un fuerte golpe al medio ambiente.
Sostienen que no se ha planteado un estudio ambiental sobre las consecuencias que tendrá la puesta en marcha de la Reforma Energética.
“La dependencia del sector energético a los hidrocarburos vulnera a los sectores económico y social ya que cada día que continuamos quemando carbón, petróleo y gas, acentuamos el cambio climático, la sobre explotación de los recursos naturales y la contaminación, que repercuten en la salud de la población. Y lo peor está por venir, con el mal llamado Paquete Verde, un grupo de iniciativas y reformas a leyes ambientales que legalizarían la devastación de los recursos naturales”, se puede leer en un comunicado de la organización ambientalista.
CULTURA: TRES AÑOS SIN POLÍTICA
Es la hora en que la política en cuanto a la Cultura no queda clara. El presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tovar y de Teresa presentó a principios de 2014 el Plan Nacional para la Cultura, pero el compromiso firmado en campaña no está cumplido.
Como candidato, Enrique Peña Nieto anunció que reduciría los índices de inseguridad a través de la cultura. Por ello, era en este ámbito donde debieron hacerse las reformas más profundas, piensa Alberto Soto, profesor de la Universidad Iberoamericana en su ponencia “La “Cultura” a dos años de Gobierno de Enrique Peña Nieto: Análisis Académico”.
Según el Segundo Informe de Gobierno, ocurrieron 552 mil 259 actividades artísticas y culturales, entre el 1 de septiembre de 2013 y el 31 de agosto de 2014 y con dichas acciones fueron beneficiadas más de 85 millones de personas. Se dispuso para ello de un presupuesto de 14 mil 702.9 millones de pesos. De esta cantidad, el 70 por ciento se canalizó a programas de patrimonio y diversidad cultural, promoción cultural nacional e internacional, y a formación e investigación. (SinEmbargo.mx)