Como siguiendo los pasos de su patrón, Pablo Escobar, Jhon Jairo Velásquez —alias ‘Popeye’— sorprendió a propios y extraños al hacer pública su intención de aspirar a un puesto en el Congreso de Colombia.
Sin embargo, detrás de semejante intención está una crítica de amplios sectores de derecha en Colombia a la posibilidad de que altos mandos de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) puedan ocupar cargos políticos como parte del tratado de paz que se encuentran terminando de negociar con el Gobierno.
Velásquez Vásquez asegura que buscará cobijarse con la ley de justicia transicional con la que los guerrilleros obtendrán amnistía para ejercer cargos políticos para llegar también al parlamento. “Si el señor Timochenko, que tiene más muertos que yo, más bombas, está metido en la cadena del narcotráfico, no va a pagar un solo día cárcel, Popeye que ya pagó 23 años y 3 meses de cárcel, que está resocializado, yo creo que es una diferencia muy grande”, dijo a la emisora RCN Radio.
El exsicario del Cartel de Medellín pagó esa condena tras haber confesado al menos 300 homicidios por mano propia y ordenado unos 3 mil más, indica la revista Semana.
‘Popeye’ evidencia que busca sacar provecho de tres situaciones, siendo la primera la contingencia que, según él, le permitiría acceder a un cargo político tal como se plantea que sucederá con los altos mandos guerrilleros. Se trata además del descontento que le atribuye al pueblo colombiano con la clase política por corrupción: “Esta nueva generación, está indignada con la clase política, una clase política podrida totalmente de mermeladas en un 80%, esta generación va a votar por las Farc, en contra de los políticos”, dijo, tal como reseña ese medio.
Sin embargo, también conoce del rechazo que generan los guerrilleros como políticos, y es ahí donde quiere pescar sus votos. “Va a haber un voto de rechazo por las Farc y yo quiero que se venga hacia mí para proteger al país”, asegura, explicando también que usará su canal de YouTube, en el que ya tiene más de 130 mil suscriptores y millones de visualizaciones, como plataforma para hacer campaña.
“Yo no quiero que las Farc cojan este voto, lo quiero para mí, para protegerlo, porque yo soy una persona de ultraderecha. (…) La guerrilla no le está haciendo ningún favor a Colombia sentada en La Habana”
La declaración del ya libre exsicario causó revuelo en algunos sectores, pero más allá de ello la opción fue desmentida categóricamente pues, de acuerdo con Semana, la Constitución impide que sean elegidos aquellos condenados “por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos”. Los narcotraficantes han tratado de acercarse a la primera figura del delito político sin ningún éxito.
Quizá el efecto que sí tuvo fue el de sembrar dudas sobre el punto de elegibilidad política que se define en La Habana entre el gobierno y las FARC, pues es bien conocido que ese grupo insurgente también apeló al narcotráfico como método de financiación, por lo que choca en este punto la elegibilidad por delitos políticos y la negativa a los narcotraficantes. La columnista del diario El Tiempo María Isabel Rueda asegura que “la Corte ha dicho que si se narcotrafica para tumbar al Gobierno, se vuelve conexo con el delito político”, por lo que ese sería el resquicio por donde Velásquez buscaría colarse.
Además, queda en el aire el posible apoyo que recibiría un hombre con semejantes antecedentes. Un tema que de seguro seguirá dando mucho de qué hablar en un futuro cercano.
Pablo Escobar Gaviria ocupó un lugar en la Cámara baja del Congreso colombiano, la Cámara de Representantes, entre 1982 y 1984, respaldado por una amplia labor social principalmente en Antioquia, financiada por sus actividades ilegales hasta ese entonces en entredicho. Investigaciones del diario El Espectador revelaron todo el entramado que lo soportaba, lo cual significó el fin de su primer intento de legitimarse políticamente y a su vez le costó la vida posteriormente al director de ese medio, Guillermo Cano.
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