El portavoz del gobierno vasco Josu Erkoreka responde a los periodistas el 29 de diciembre del 2013 en Bilbao, España
Al dejar a sus presos negociar individualmente con el gobierno español, renunciado a reclamar una amnistía colectiva, el grupo armado independentista vasco ETA, muy debilitado, parece flexibilizar su postura, tras lo que podría dar un primer paso en la vía hacia un desarme.
El colectivo de presos EPPK, que agrupa a militantes de ETA diseminados por las cárceles españolas y francesas, anunció el sábado: “podríamos aceptar que nuestro proceso de vuelta a casa (…) se efectuase utilizando los cauces legales”, “de manera escalonada, mediante compromisos individuales y en tiempo prudencial”.
Por primera vez, aluden así a posibles gestiones individuales para su excarcelación, cuando hasta ahora se negaban a aceptar el sistema de beneficios penitenciarios por considerar su encarcelamiento como ilegítimo.
El mensaje fue celebrado por la izquierda independentista vasca, muy presente en la vida política local desde 2011, tras rechazar la violencia.
También el gobierno regional de los nacionalistas conservadores del PNV reconoció un punto de inflexión en el discurso de ETA, aunque la llamó a dar más pasos.
Responsable de la muerte de 829 personas en 40 años de atentados por la independencia del País Vasco, ETA anunció el 20 de octubre de 2011 “el cese definitivo de su actividad armada”, pero sin entregar las armas ni disolverse como le reclaman Madrid y París.
Los presos afirmaron asimismo reconocer “el sufrimiento y daño multilateral generado como consecuencia del conflicto”. Y corroboraron el fin de los atentados: “en adelante (…) utilizaremos vías y métodos políticos y democráticos, de acuerdo con las decisiones que se han tomado en ese sentido”, afirmaron.
El colectivo no hizo mención alguna a la exigencia de negociación con los gobiernos español y francés sobre la suerte de los presos, que ETA había convertido desde hace dos años en la condición para avanzar hacia un desarme.
El ejecutivo conservador español, que mantiene una política penitenciaria intransigente con los militantes de ETA y exige una “disolución” sin condiciones, no reaccionó oficialmente. Solo la ministra de Fomento, Ana Pastor, reiteró el lunes la exigencia de que la organización “desaparezca y entregue las armas”.
En el País Vasco, el presidente regional Iñigo Urkullu, del PNV, reconoció por su parte “cambios significativos” en la actitud de los presos, al tiempo que reclamaba un desarme “urgente”.
El partido independentista Sortu, creado por exmilitantes de Batasuna –ilegalizada en España en 2003 por ser considerado brazo político de ETA–, interpretó por su parte el mensaje del EPPK como “una aportación de primer nivel al proceso de resolución del conflicto político vasco” que marca “un antes y un después para el cambio de la política penitenciaria y el fin de la dispersión”.
Según el grupo de apoyo a los presos etarras Etxerat, hay actualmente 520 presos que no han roto con la organización dispersos por 79 cárceles de España y Francia, mientras que, según los expertos, ETA solo cuenta unas pocas decenas de miembros en activo.
Cerca de 60 más recuperaron la libertad desde octubre, a raíz de un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo contra un controvertido sistema de cálculo de reducción de penas aplicado de forma retroactiva en España desde 2006.
En un contexto muy sensible –el recuerdo de los atentados, el último de los cuales remonta a 2009, sigue vivo en España y la decisión de la justicia provocó la ira de las víctimas–, las redes de apoyo a los presos de ETA convocaron una gran manifestación el 11 de enero den Bilbao, en el norte de España.
La página web española de información El Confidencial afirmaba el 16 de diciembre que ETA podría precisamente, antes de dicha fecha simbólica, realizar “una entrega de parte de su arsenal de armas y explosivos”, señalando las coordenadas de escondrijos en territorio francés.
Pero otros consideran que este paso fundamental tardará aún algún tiempo. “Yo no veo la situación lo suficiente madura como para que haya un paso determinante de ETA de desarme”, considera Paul Ríos, portavoz de Lokarri, organización nacionalista que trabaja por “la paz” en el País Vasco.
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