El 16 de febrero se cumplió el 19 aniversario de la firma de los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Culturas Indígenas, por parte del gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), dentro del marco de la Ley para el Diálogo, la Negociación y la Paz Digna en Chiapas.
La firma de los acuerdos, en la localidad tsotsil de San Andrés Larráinzar o Sak´am Ch´en De Los Pobres, es el resultado de un proceso de negociaciones y diálogos (negociaciones de San Andrés) que se extendieron desde octubre de 1995, hasta febrero de 1996 y en los que participaron activamente distintos actores de la sociedad civil mexicana, entre otros la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI), presidida por el obispo Samuel Ruíz, y la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), integrada por legisladores de las cámaras federales y el Congreso local.
De las cuatro mesas de trabajo que se iban a tratar durante las negociaciones entre EZLN y gobierno trabajo (I Derechos y Cultura Indígenas; II Democracia y Justicia; III Bienestar y Desarrollo; y IV Derechos de la Mujer Indígena), únicamente se pudo desarrollar la primera, debido a la aptitud poco dialogante y de desidia que estaba adaptando la delegación enviada por el gobierno. Como consecuencia, en el mes de septiembre, y después de consultar a sus bases de apoyo, el EZLN decide suspender su participación en los diálogos de San Andrés.
En los acuerdos firmados en la mesa I sobre Derechos y Cultura Indígena, el gobierno federal se comprometió a reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas mediante la creación de un nuevo marco jurídico en el que se garantice la representación política de los pueblos indígenas a nivel local y nacional, el derecho a organizarse y regirse según sus propios usos y costumbres, el derecho a desarrollar sus propias alternativas de desarrollo económico y de producción y el derecho a preservar su propia identidad cultural. En definitiva el reconocimiento de los pueblos indígenas de México como entidades de derecho público con capacidad para organizarse de manera autónoma.
En el mes de noviembre, la COCOPA presentó la Propuesta de Reformas Constitucionales en Materia de Derecho y Cultura Indígena, como concreción y plasmación de lo acordado en San Andrés. Aunque se obviaron algunos de los aspectos que habían sido acordados, el EZLN aceptó el documento presentado.
En diciembre del año 2000, gobernando el panista Vicente Fox, el EZLN planteó tres señales de buena disposición del gobierno para reiniciar el diálogo, entre las que se encontraba el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés a través de la aprobación de la ley COCOPA. En respuesta, Fox entregó la iniciativa de ley al Congreso de la Unión.
El 28 de marzo del 2001, una vez concluida la caravana zapatista que, tras el paso por varios estados de la federación, llevó a una representación de la comandancia del EZLN e integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) hasta la Ciudad de México, 23 comandantes zapatistas y delegados del CNI defendieron en el Congreso de la Unión la aprobación de la Ley COCOPA y el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.
Como consecuencia de lo anterior, en el mes de abril, el Senado de la República aprobó, con los votos de la mayoría de los diputados de los principales partidos políticos (PAN, PRI, PRD), la reforma constitucional en materia indígena, que, sin embargo, no recogía lo acordado en San Andrés ni respetaba el contenido del Convenio 169 sobre derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por México. En la reforma se acotaba el ejercicio efectivo de los derechos que se recogen debido a una serie de figuras jurídicas que hacen referencia a otros artículos de la constitución y a leyes de segundo orden, definiéndose a las comunidades indígenas como entidades de de interés público, en lugar de entidades de derecho público, según lo firmado en los Acuerdos de San Andrés. Se negó así, a los pueblos indígenas de México, el derecho a poder participar como grupo autónomo y colectivo en la toma de decisiones de las instancias políticas y jurídicas del gobierno mexicano y limitando su capacidad para regirse autónomamente según los usos y costumbres de sus propias culturas.
Aunque los pueblos indígenas presentaron 361 controversias constitucionales en contra de las reformas aprobadas, estas fueron ignoradas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En respuesta a la reforma, tanto el CNI como el EZLN rechazaron la nueva ley aprobada, a la que consideraron una traición de los partidos políticos a los pueblos indígenas. El EZLN hizo público un comunicado en el que denunciaba el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y anunciaba la ruptura del diálogo con el gobierno hasta que los Acuerdos de San Andrés no fueran incluidos en la constitución mexicana tal cual los recoge la iniciativa de Ley COCOPA: “El EZLN formalmente desconoce esta reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas. No retoma el espíritu de los Acuerdos de San Andrés, no respeta la ‘iniciativa de ley de la COCOPA’, ignora por completo la demanda nacional e internacional de reconocimiento de los derechos y la cultura indígenas” (Comunicado del CCRI-CG del EZLN, 29/04/2001).
Para Francisco López Bárcenas, abogado especializado en derecho indígena y participante en la Mesa de Diálogo de San Andrés, el modelo de Estado Nacional monoétnico entró en crisis y tuvo que sentarse a dialogar con un nuevo sujeto político, el indígena, que presionaba para que se produjera la transformación hacia un Estado de carácter pluriétnico y multicultural en los que los pueblos indígenas fueran reconocidos como sujetos políticos de derecho. El incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés frustra este proceso de transformación del estado mexicano.
No obstante, la falta de reconocimiento constitucional en materia de derechos indígenas no impidió que el proceso de autonomía, iniciado ya con anterioridad por algunos pueblos indígenas en México y a los que se han ido sumando otros, haya avanzado durante los últimos años en lo que ha sido un ejercicio de la “autonomía de hecho”, única alternativa dejada por el gobierno al no reconocer constitucionalmente la “autonomía de derecho”. Ejemplo de esto último lo representa en Chiapas la creación y desarrollo desde agosto del 2003 de las Juntas de Buen Gobierno zapatistas.
Por último, en diciembre del 2013, el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, anunció que la Secretaría de Gobierno iba a presentar en los primeros meses del 2014 una iniciativa de ley de gran calado que recogiera lo firmado en los Acuerdos de San Andrés y que sirviera para reactivar el diálogo suspendido desde el 2001 entre gobierno y zapatistas. Para Martínez Veloz, las reformas legislativas en materia indígena realizadas en el 2001 no resolvían “los problemas de fondo de los pueblos indígenas”. Sin embargo, esta iniciativa parece haber caído en el olvido.
Para el obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, el comisionado Martínez Veloz ha encontrado gran resistencia a sus propuestas por parte de legisladores, a quienes “lo que menos les importa son los indígenas”.
Según el ex diputado federal Juan Roque Flores, miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), ve como “remoto que el gobierno cumpla esos acuerdos [San Andrés]. Hace como que los cumple, pero al mismo tiempo sigue con su política asistencialista tratando, como siempre con ello, de captar lo más que se pueda de las bases zapatistas. Su propósito es demostrar que se consiguen mejor las cosas por la vía oficial, que mediante el ejercicio de una autonomía de los pueblos indígenas” (La Jornada, 16/02/2015).
Texto: Juan Luis de la Rosa Municio.
Original post of Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid.
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