¿Cuál es su visión, profesor doctor Jorge Orbe, sobre los candidatos que encabezan los tres primeros puestos en las encuestas, Lenin Moreno (Movimiento Alianza PAIS), Cynthia Viteri (Partido Social Cristiano) y Guillermo Lasso (CREO – SUMA)?
En las elecciones del próximo 19 de febrero, la población ecuatoriana deberá decidir entre defender su futuro o retornar al pasado.
Lenin Moreno encarna la posibilidad de recrear un sistema político basado en la democracia participativa y una política económica redistributiva que fomente el empleo y la reactivación económica de la grande, mediana y pequeña empresa, siempre y cuando estén dispuestas a invertir con responsabilidad social, fiscal y ambiental. Las candidaturas de Cynthia Viteri y Guillermo Lasso representan el afán de las élites económicas por retomar el poder del Estado, a fin de aplicar políticas públicas orientadas a la concentración de la riqueza, en beneficio de los grandes sectores empresariales.
Cuando Rafael Correa asumió en 2007 la presidencia de la república, se encontró con un país destruido, por lo que planteó la necesidad de refundar la nación, con una nueva Constitución que configuró una nueva arquitectura institucional y estableció las bases jurídicas de un nuevo sistema económico y político, orientado a superar los problemas generados por el neoliberalismo que,durante tres décadas, afectó severamente la dignidad y los intereses de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Los cambios políticos impulsados por la Revolución Ciudadana permitieron reconstruir la economía nacional y reformar el Estado, a fin de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de la población; preparando al país para el Siglo XXI e insertándolo inteligentemente en la economía mundial, a través de una nueva estrategia de desarrollo endógeno, centrada en el ser humano. Esta nueva estrategia de desarrollo descarta la posibilidad de que el Mercado, o el Estado, se convierta en el eje articulador de la historia nacional.
En sus inicios, la Revolución Ciudadana descartó la posibilidad de construiruna sociedad centrada en el mercado, así como también una sociedad centrada en el Estado; Rafael Correa se propuso lograr la supremacía del ser humano por sobre el capital, para lo cual era necesario articular un cambio en las relaciones de poder, señalando que el ser humano no debe estar al servicio del mercado ni del Estado; por el contrario, el mercado y el Estado deben estar en función de los intereses de la sociedad y no de las élites económicas o políticas. Alianza PAÍS aspira a construir una sociedad con mercado, no una sociedad de mercado, con un Estado moderno y eficiente, cuyas políticas se definan en base al ejercicio de la democracia participativa.
Lenin Moreno, candidato del Movimiento Alianza PAÍS, tiene las mayores probabilidades de triunfo, puesto que representa la fuerza de los cambios económicos, políticos y sociales que la Revolución Ciudadana ha propiciado en los últimos diez años en Ecuador, a favor de los sectores sociales con menos ingresos.
Guillermo Lasso es un banquero próspero que, en 2012, fundó un partido político a fin de acceder al poder del Estado y, desde allí, promovió políticas económicas a favor del capital financiero. En gran medida, su riqueza proviene de los beneficios generados gracias a su participación como Superministro de Economía en un gobierno que, en 1999, provocó una crisis bancaria de grandes proporciones, con terribles consecuencias para el país: inflación, devaluación, recesión, quiebra de empresas, desempleo, mayor pobreza e indigencia, muertes, suicidios y la mayor ola migratoria de la historia nacional.
Cynthia Viteri pertenece al Partido Social Cristiano, que es un partido político de derecha. Su programa propone la defensa conservadora del capitalismo y el impulso de una economía social de mercado. Es partidaria de privatizar la economía, reducir los impuestos empresariales y anular la regulación y control del Estado; representa los intereses de un sector productivo y financiero, vinculado con la economía agro exportadora. El Partido Social Cristiano encarna una postura autoritaria, condimento necesario para instaurar una economía de mercado que se organice al servicio de los intereses empresariales, especialmente de aquellos sectores corporativos que están vinculados con el mercado externo.
Los principales candidatos de oposición plantean la eliminación de diferentes instituciones públicas – en el caso de Lasso, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), mientras que Viteri, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo afirma la Organización Internacional del Trabajo que Ecuador es el segundo país con menor porcentaje de empleados públicos en la región, mayormente concentrados en el sector de la educación y la salud. Por lo tanto, ¿el achicamiento previsto por Lasso y Viteri no supondría la reducción del número de médicos y docentes? Su visión sobre todo eso, profesor Orbe.
Luego de haber encontrado instalaciones destruidas: carreteras, escuelas, colegios y hospitales públicos, el Gobierno de Rafael Correa asumió la responsabilidad de invertir en 10 años 22.000 millones de dólares en el sector de la educación y 16.000 millones de dólares en la salud.
Ahora los niños y jóvenes realizan sus estudios en edificios modernos, con laboratorios apropiados y profesores capacitados. Para mejorar la calidad de la educación, la política educativa incluyó también la capacitación y evaluación de los docentes. La capacitación docente fue una prioridad, pero también se han efectuado mejoras salariales: en 2006 un maestro recibía un salario entre 90 y 200 dólares mensuales; hoy su sueldo oscila entre 600 y 1.600 dólares. En materia de Educación Superior, se estableció un sistema de acreditación y certificación universitaria que condujo al cierre de 17 universidades que no cumplían con los estándares requeridos. Ahora, según la Unesco, Ecuador es el segundo país que ha mejorado más en la región y el que más invierte en educación superior: 2% del PIB (2.000 millones de dólares), aunque todavía hay mucho por hacer. El mejoramiento de la calidad y la gratuidad de la educación hizo que, entre 2007 y 2015, subieran las matrículas en bachillerato de la población más pobre, cuyos indicadores aumentaron de 36,5% a 57,3%. Ahora, el 60% de los jóvenes gozan de educación pública con el desafío de mejorar aún más su calidad.
La atención a personas con discapacidad dejó de ser dádiva y se volvió una política de Estado. Entre 2007 y 2012, el trabajo del vicepresidente de la República, Lenin Moreno, se concentró en el área social. El objetivo central fue ofrecer calidad de vida a las personas con discapacidad e implementar los contenidos de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. El proceso se inició declarando en estado de emergencia a todo el sistema de prevención de discapacidad, luego se otorgó atención y provisión de ayudas técnicas e insumos médicos, accesibilidad, registro y capacitación. En Ecuador el cambio fue drástico: hasta 2006 se atendía a 5.000 personas y en 2015 esa cifra llegó a más de 128.000 ciudadanos de todas las edades, muchos de ellos en condiciones de extrema pobreza. El acceso de estas personas a un mejor nivel de vida está reconocido en la Constitución como un derecho; de allí que, el Gobierno se encarga de facilitar a las personas con discapacidad el acceso a una vivienda digna. Hasta 2017, el gobierno tiene previsto entregar 20.000 casas para las personas con discapacidad. El programa Manuela Espejo es un referente en Latinoamérica y se replica en otros países, con asesoría y asistencia de Ecuador.
Un tema prioritario del Gobierno fue mejorar la Salud Pública: la inversión acumulada en salud, durante la última década, bordea los 16.000 millones de dólares. Solo en 2015 se invirtieron más de USD 1.800 millones, es decir, 3 veces más de los 535 millones de dólares invertidos en 2006. El Presidente ha destacado, en varias ocasiones que, durante varios años, antes de su gobierno, no se había construido en el país ni un solo hospital. En la última década, en cambio, se inauguraron 11 hospitales y 51 centros de salud. La ciudadanía recobró su confianza: la atención médica en el sistema público de salud pasó de 16 millones en 2006 a 39 millones de pacientes en 2015. Para mejorar los servicios de salud, el estado contrató miles de profesionales capacitados, nacionales y extranjeros. Entre 2008 y 2015, el Estado contrató a 34.000 médicos.
En materia de seguridad social, las cifras son igualmente relevantes: los afiliados pasaron de 1,57 millones a 3,5 millones, lo que elevó la demanda de servicios, especialmente de salud. En ese contexto, el Estado firmó un convenio con las clínicas privadas para que reciban a los pacientes, pero el excesivo costo provocó que se limitara dicho sistema. En 2015 se desembolsaron 780 millones de dólares, pero investigaciones al respecto hallaron sobreprecio, por eso se tomó la decisión de construir nuevas casas de salud con fondos propios.
Los candidatos empresariales plantean la reducción de impuestos y la reducción de empleados públicos, lo que significaría el advenimiento de una lenta agonía de la institucionalidad estatal y de lo público, con el fin de privatizar los servicios estatales, especialmente en materia de energía, comunicaciones, educación y salud. La reducción de impuestos implica el recorte de derechos económicos y sociales de la mayoría de la población.
Viteri y Lasso coinciden en eliminar las restricciones a importaciones, eliminar impuestos, entre otros a la salida de divisas y a la tierra agrícola. La candidata del Partido Social Cristiano propone dar autonomía e independencia del Banco Central, la suscripción de un tratado de comercio con Estados Unidos. ¿Tales propuestas no están destinadas a beneficiar a los sectores empresariales, banqueros y exportadores siendo claramente un beneficio personal en detrimento de las mayorías? ¿Qué significaría para Ecuador la política económica prometida por ambos candidatos?
Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), entre 2007 y 2016, la pobreza por ingresos a nivel nacional disminuyó de 62% a 44% de la población, y, la pobreza extrema se redujo en 6 puntos porcentuales, ubicándose, en marzo de 2016, en el 10%. En la última década, más de un millón de ecuatorianos dejaron atrás la pobreza extrema. Una de las razones para obtener estos resultados es la mejor recaudación de impuestos y la redistribución de la riqueza, traducida en inversiones que benefician a la población y mejoran su calidad de vida. En los últimos 10 años más personas pasaron a formar parte de la clase media.
En cuanto a la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, en 2008 la cifra llegaba al 47%, mientras que en 2015 bajó al 32%. El tema de la equidad fue uno de los puntos más controversiales durante el último período del gobierno de Rafael Correa. Entre 2007 y 2015 el quintil más pobre duplicó su ingreso mensual per cápita. En 2006, el 10% más rico registraba 42 veces más ingresos que el 10% más pobre. Esa brecha se redujo 25 veces. La desigualdad es un problema mundial que también afecta a Ecuador y, sin duda, Rafael Correa trabajó para vencerla, con avances importantes, pero con desafíos pendientes. Entre 2007 y 2015, se trabajó para mejorar las obras de saneamiento, sobre todo en el sector rural. Se registraron importantes avances en la cobertura de servicios de eliminación de excretas (de 41% a 72%). A ello se sumó la reducción del hacinamiento, del 28% al 15%, según la encuesta realizada por el INEC. La erradicación del trabajo infantil y de adolescentes (de entre 5 y 17 años) también disminuyó en 6 puntos. En 2007 ese índice se ubicó en el 12,5%, mientras que para 2015 ese porcentaje disminuyó a 5,9%.
Entre 2007 y 2016 se invirtieron 357 millones de dólares en la renovación de la Red Nacional de Aeropuertos y, según el Foro Económico Mundial, entre 2006 y 2015, Ecuador escaló 57 posiciones en el ranking de mejor calidad en vías; antes, el país estaba en el puesto 82, y hoy se encuentra en el 25. Desde 2007 hasta 2016, el Gobierno actual ha invertido cerca de 10.000 millones de dólares para mejorar la red vial estatal; esta inversión cambió la vida de miles de personas y dinamizó la economía de los ecuatorianos. Sobre esta base, ahora, varias empresas extranjeras tienen interés de invertir en Ecuador: las concesiones de los puertos de Manta, Posorja y Puerto Bolívar, traen consigo una inversión de 2.100 millones de dólares que provienen de transnacionales con sede en: Turquía, Chile y Dubái.
Hace 10 años eran muy comunes las inundaciones en la temporada invernal, así como también las sequías que impedían sembrar en los meses de verano. Ese escenario va quedando atrás, sobre todo para quienes habitan en las comunidades cercanas a los ríos o para quienes viven de la agricultura. Para afrontar este problema, el Gobierno invirtió más de 1.000 millones de dólares en 6 proyectos multipropósitos, que protegen miles de hectáreas de cultivo. El fenómeno de El Niño, que se registró en 2015, no tuvo el mismo efecto devastador que en años anteriores, precisamente gracias a esas construcciones. En la actualidad, 142.000 hectáreas de terreno se benefician de la infraestructura creada para el control de inundaciones.
En síntesis, el Gobierno de la Revolución Ciudadana recuperó lo público. Un informe especial elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ubica a Ecuador arriba de los niveles regionales, respecto a la eficiencia de los servicios públicos. En 2011, el país ocupaba el puesto 15 y, a fines del año 2015 escaló al sexto casillero. Ese progreso va de la mano de la valoración del trabajo del servidor público. Según el Presupuesto General del Estado consolidado por Grupo de Gastos de 2016, el rubro de sueldos y salarios de funcionarios públicos representa el 29% del Presupuesto General del Estado (PGE); es decir, el 8,9% del Producto Interno Bruto (PIB). Los parámetros internacionales precisan que este gasto no debe superar, en promedio, el 25% del presupuesto.
Una de las premisas del actual Gobierno es que “lo público debe tener alta calidad”. El inicio del cambio -y lo más visible- fue el adecentamiento de las entidades públicas. En gobiernos anteriores se generalizó la idea de que lo público no valía, por ello se privatizaron muchos servicios, como las empresas eléctricas y telefónicas. Entre las instituciones que experimentaron modernización y cambios están el Registro Civil, las empresas eléctricas, Correos del Ecuador, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones; las instituciones de Justicia y, en general, todas las entidades estatales. Todas se guían por un principio básico: brindar una muy buena atención al ciudadano. En esta década se cambió también la visión del servidor público y el valor de la eficiencia.
Una política económica como la que plantean los candidatos, Guillermo Lasso o Cynthia Viteri, representa el retroceso de todos los avances antes descritos. Ahora que se han modernizado las instituciones y los servicios públicos, las élites empresariales buscan privatizar esos servicios, puesto que significa una gran oportunidad de negocios a su favor. En las actuales condiciones históricas del Ecuador, el afán de las élites empresariales es apoderarse de la gran inversión pública realizada en los últimos años, lo que traerá consigo el encarecimiento de los servicios públicos, especialmente comunicaciones, electricidad, seguridad, educación y salud, con el consiguiente recorte de los derechos sociales para la mayoría de la población.
El candidato oficialista promete seguir con las políticas del presidente Correa. ¿En qué puntos está Usted de acuerdo con tales propuestas?
Un objetivo nacional es que Ecuador deje atrás sus lacras del pasado; una de ellas es tener una economía dedicada solamente a producir bienes primarios. Se busca privilegiar una economía que promueva una exportación diversificada, eco-eficiente, con valor agregado, así como con servicios basados en la economía del conocimiento y en la biodiversidad. En otras palabras, el cambio de la matriz productiva exige generar más riqueza, involucrando en el desarrollo productivo otras líneas de acción como el turismo, o, aquellas ligadas al desarrollo científico y tecnológico, capaz de lograr un desarrollo sostenible.
Para ello, el Estado debía recuperar el control sobre los sectores estratégicos y definir sus prioridades en la transformación de la matriz energética, para pasar de una energía cara y contaminante, basada en hidrocarburos (centrales térmicas), a una más barata, renovable y limpia. En esta dirección, desde 2010, se invirtieron cerca de 5.000 millones de dólares en la construcción de 8 centrales hidroeléctricas, para generar energía renovable y para repotenciar otras estaciones. Al momento, ya se encuentran en operación las Centrales Hidroeléctricas Manduriacu, Sopladora y Coca Codo Sinclair que, junto a HidroPaute, Mazar y otras que se incorporen, como ToachiPilatón, Delsitanisagua y Minas-San Francisco, serán pilares del cambio de la matriz energética. Desde noviembre de 2016, el país ya exporta energía a Colombia y Perú.
De allí que, se puede afirmar que la nueva matriz energética, basada en la generación de energías limpias y renovables, prácticamente está completa, aunque, en el largo plazo, falta aún por hacer; no así el cambio de la matriz productiva, pues la economía ecuatoriana sigue siendo primario-exportadora. Por tanto, para superar estas limitaciones, se requiere promover inversiones público-privadas a largo plazo, especialmente aquellas que están vinculadas con el conocimiento y las nuevas tecnologías.
El cambio de la matriz productiva plantea el desafío de incrementar las exportaciones de los productos ecuatorianos más representativos, pero añadiendo alto valor agregado, es decir, procesándolos; además de reducir importaciones y aumentar la producción nacional. Este proceso requiere un proceso sostenido de inversión productiva, sobre todo en áreas de educación y de tecnología de vanguardia.
En materia de seguridad, durante los últimos diez años, el país ha dado un salto impresionante, a tal punto que, en la actualidad, Ecuador es uno de los países más seguros para vivir en América Latina. El informe del Igarapé Institute Homicide Monitor, publicado el año pasado, señala que las ciudades ecuatorianas de Ambato, Quito y Cuenca están entre las 10 más seguras de toda América Latina. La medición se hizo tomando en cuenta la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, hay mucho por hacer, sobre todo para controlar el micro-tráfico de estupefacientes y el asentamiento del crimen organizado transnacional.
¿Cuáles son los grandes desafíos económicos, políticos y sociales de Ecuador?
Debido a la disminución del precio internacional del petróleo, la crisis económica y financiera de la Unión Europea, la apreciación del dólar y los daños ocasionados por el terremoto, el país tuvo que incrementar su nivel de endeudamiento externo y establecer salvaguardias para controlar el déficit en la Balanza de Pagos. Como Ecuador no tiene moneda propia, el gobierno se vio obligado a adquirir deuda pública, que en este momento representa el 37% del PIB. Si bien en la fase descendente del ciclo no era apropiado hacer un ajuste fiscal, el nuevo gobierno tendrá que hacerlo; el problema es si los costos del ajuste descansarán sobre los más pobres, o, si se protege a los sectores más vulnerables de la sociedad.
En Ecuador no se necesita menos Estado, como proponen los opositores al gobierno. Por el contrario, se necesita un Estado fuerte y eficaz, con capacidad de apoyar todos los esfuerzos productivos y redistributivos necesarios para garantizar los derechos económicos y sociales de la población. Necesitamos eficiencia en el Estado, pero no eficiencia entendida como ajuste y disminución de funcionarios públicos, especialmente: maestros, médicos, policías, como quieren los opositores a la Revolución Ciudadana, sino la eficiencia de un Estado capaz de apoyar a sus ciudadanos con servicios básicos orientados a garantizar los derechos sociales.
Uno de los aspectos sobre los que gira la campaña electoral en Ecuador es la necesidad de generación de empleo. Más allá del enunciado general, los candidatos no han explicado las estrategias orientadas a este fin. El asunto se complica cuando, por razones de competencia y competitividad, las empresas incorporan periódicamente máquinas y herramientas que ahorran mano de obra y arrojan a vastos sectores de la población a una situación de desempleo y subempleo. En estas circunstancias, imposibilitados de vincularse a la “economía formal”, con el sector empresarial privado, significativos segmentos de la población urbana impulsan estrategias de supervivencia vinculadas con emprendimientos familiares y el trabajo autónomo.
Un Informe sobre la Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, elaborado por CEPAL en 2012, muestra que la repatriación de utilidades al exterior alcanza el 92% de los ingresos de inversión extranjera directa realizada en la región. Por otra parte, las empresas transnacionales son una fuente secundaria de creación de empleos, pues, entre 2003 y 2013, contribuyeron apenas con el 5% de la creación neta de empleos en Latinoamérica. Las actividades de comercio y de construcción son las que crean más empleo (siete puestos por cada millón de dólares de inversión), seguidas por la industria manufacturera y los servicios (tres puestos). Las actividades mineras (incluido el petróleo) crean un puesto de trabajo por cada 2 millones de dólares.
Según la última Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en junio 2016, el desempleo en Ecuador se ubicó en 5,3%. Sin embargo, el subempleo a nivel nacional alcanzó el 19,9%, mientras que el empleo adecuado llegó al 41,2%.
De igual forma, según la última Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la población económicamente activa PEA, es decir el número de personas en condiciones de trabajar en el Ecuador, aumenta en más de 200.000 personas al año. Si asumimos que en la gran industria se requiere invertir 100 mil dólares para generar una fuente de empleo directo, ¡el país necesitaría una inversión anual de 20.000 millones de dólares anuales para atender la demanda de trabajo formal incorporado a la industria! De allí la necesidad de fomentar el desarrollo de la mediana y pequeña empresa que requiere menor capital invertido, preferentemente utiliza materias primas nacionales y emplea más trabajadores.
La pregunta es: ¿no obstante los cambios realizados por el actual gobierno, bajo la racionalidad actual del mercado capitalista que domina la economía global, la economía ecuatoriana puede crear el empleo necesario para atender el número de personas que se incorporan cada año al mercado de trabajo, o, por el contrario, es necesario una transformación estructural que inaugure una nueva etapa en el desarrollo histórico del país y de la humanidad?
Finalmente, quisiera anotar que una deuda pendiente del gobierno de Rafael Correa tiene relación con los fallos existentes en la lucha contra la corrupción. Por el momento, cabe señalar que, en un comunicado público difundido hace un mes, la Contraloría General del Estado manifestó que, en 2.172 informes de auditoría, había establecido glosas a 33.000 funcionarios públicos con órdenes de reintegro por 661 millones de dólares. A pesar de haber entregado esos informes a la Fiscalía, no se conoce aún las acciones que esta institución haya adoptado al respecto.
En la campaña electoral, las élites empresariales que siempre han utilizado la institucionalidad del Estado en beneficio de sus intereses privados, han tomado la iniciativa en denuncias contra la corrupción, para aparecer como defensores de la ética pública
A mi juicio, es poco probable que haya segunda vuelta; empero, si hay segunda vuelta, ésta tendrá lugar entre Lenin Moreno y Guillermo Lasso, lo que significa una disputa entre capitalismo redistributivo vs. neoliberalismo a ultranza; capital financiero internacional vs. capital productivo con afán de acumulación nacional; Democracia Republicana formal vs. autoritarismo financiero despótico; Defensa de lo Público vs. Privatización a ultranza; Teología sin Liberación vs. Opus Dei.
Visto que Ecuador ha logrado mayor soberanía y destaque en la región en los últimos años, diferentemente de lo que pasaba antes de la Revolución Ciudadana, ¿qué importancia tiene para el momento actual de Latinoamérica las elecciones de este 19 de febrero?
Luego de los cambios políticos acaecidos en Brasil y Argentina, el año 2016 significó para América Latina el retorno del neoliberalismo y de las élites económicas al poder. En este momento ese riesgo existe en Ecuador, lo que ratificaría aquello que se ha denominado como el fin del ciclo de los gobiernos progresistas en la región.
Como es conocido, a principios del siglo XXI, en Latinoamérica se establecieron varios gobiernos progresistas. Desde entonces, el pensamiento político latinoamericano se ha caracterizado por la defensa del Estado en favor de los sectores más vulnerables; la defensa de la Soberanía Nacional a escala continental; la búsqueda de la satisfacción de las necesidades básicas para las mayorías de la población; el carácter nacional-popular de las políticas públicas; y, el desarrollo de una democracia económica y social que amplía la democracia formal republicana.Todo ello está en juego, pero, además, la posibilidad de que América Latina se constituya en un bloque económico y político autónomo, que negocie sus intereses de manera soberana con Estados Unidos, China, Rusia, o, la Unión Europea, pues Ecuador ha tenido una participación activa en el proceso de integración latinoamericana.
Jorge Orbe León
Jorge Orbe León: Economista, Diplomado en Población y Desarrollo, Magíster en Administración de Empresas.
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